Entre noviembre del año 2016 y febrero del 2017, cerca de 130 las víctimas se vieron afectadas por 4 siniestros que conformaron el gran incendio forestal en Tabunco.
El Fiscal Regional del Maule Mauricio Richards, con el apoyo de 2 fiscales especialista en delitos medio ambientales José Alcaino y Óscar Salgado más peritos de la PDI y Carabineros,
tras una minuciosa investigación pudo establecer que tres profesionales de la Empresa General de Electricidad tuvieron responsabilidad culposa en este hecho que destruyó 4.200 hectáreas.
De esta forma este jueves en Curepto fueron formalizados de cargos Juan Ortega Muñoz, Gerente Zonal Técnico de la Región del Maule de la CGE, Pablo Loyola Apablaza jefe de mantenimiento y construcción de la CGE y Leonardo Sazo Recabal técnico e inspector encargado de supervisar en terreno el trabajo de las empresas contratistas para la CGE.
Según lo señalado en audiencia por el fiscal Richards, a los tres imputados les correspondía ejecutar labores necesarias para la seguridad, mantención y cuidados de las redes de distribución, cables, torres, franjas de seguridad y postes de energía eléctrica, todo lo anterior en relación a lo que dispone la normativa vigente para una adecuada realización de la actividad comercial, deberes – afirma Richards – que fueron incumplidos por los imputados por una imprudente y negligente observancia de la regulación. Es decir, no se realizaron las mantenciones y las medidas de seguridad que evitaran que las líneas eléctricas tocaran árboles o el suelo originando con esto incendios que iniciaron un fuego descontrolado en la comuna costera.
“La norma que se infringe está contenida en la ley de bosques. Se trata de una norma reciente que lleva poco tiempo y sanciona a quienes de manera negligente hagan uso de fuentes de calor. En este caso creemos que el uso de la distribución de energía eléctrica y la cantidad de normativa que lo regula fue vulnerada por la empresa CGE a través de sus ejecutivos y que a raíz de ello se generaron estos cuatro incendios que indicamos en la formalización y a fines de octubre en el tribunal de Licantén también vamos a formalizar por el mismo delito a los mismos ejecutivos, sumándose otros por el incendio que ocurrió en el sector de Aquelarre. Existiendo voluntad de la compañía nosotros vamos a hacer un esfuerzo para acceder algún tipo de reparación a la víctima, teniendo presente que no es posible por un acuerdo reparatorio por el tipo de delito y los bienes jurídicos que están en juego no se puede hacer un acuerdo directo con las víctimas, pero si puede haber acuerdo con el ministerio público a través de una suspensión condicional del procedimiento. Si optamos por esa vía seguramente se exigirá a la compañía no sólo reparar a las víctimas sino que también el daño causado al medio ambiente y la flora y fauna”, afirmó el fiscal regional Mauricio Richards
Se estima que los daños causados hacienden a un monto cercano a los 2 mil millones de pesos y durante estos ocho meses fijados por el tribunal para la investigación se buscará la posibilidad de una suspensión bajo ciertas condiciones que irán en directo beneficio de los afectados. Por lo pronto, los tres imputados quedaron bajo la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional en el caso de Ortega y Loyola, mientras que Sazo fue objeto de la cautelar de arraigo nacional.
Gracias al trabajo ejecutado por la Corporación Judicial y la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, cerca de un centenar de víctimas pudieron seguir los detalles de la audiencia a sólo metros desde el lugar donde se estaba ejecutando y para ello el tribunal se constituyó en el Cuartel del Cuerpo de Bomberos de esa comuna con el fin de bridar a los afectados esa posibilidad. Fue la ocasión también para que el fiscal Richards se reuniera con ellos y les explicara con detalles las diligencias llevadas a cabo y lo que se espera en el futuro en torno a esta causa.
Una nueva audiencia por las presuntas responsabilidades en estos ilícitos, pero en la comuna de Vichuquén se llevará a cabo el 24 de octubre próximo en la comuna de Licantén.
