El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Aguas, llamó a todas las juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas, comunidades de aguas y demás usuarios a cumplir con la ordenanza del cierre de bocatomas en cauces naturales y artificiales de la Región del Maule, a contar del 15 de mayo y hasta el 15 de septiembre del presente año.
Según explicó el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, la medida obligatoria tiene como objetivo evitar problemas por la ocurrencia de crecidas debido a lluvias invernales y establecer medidas de seguridad para las personas y los bienes de uso público.
De este modo, podrán mantenerse en servicio exclusivamente los canales que deban atender el riego de cultivos de otoño, los de uso industrial, los que alimentan embalses y los que sean utilizados para el agua potable, el uso doméstico y el saneamiento de poblaciones, bajo algunas condiciones técnicas y operativas orientadas a dar seguridad a las personas y bienes ante posibles eventos de crecidas. Para esto se requiere que las comunidades de usuarios registren en las oficinas de la Dirección General de Aguas, el nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico del encargado del control de bocatoma y compuerta del canal que continúe operando.
La disposición de la DGA establece además que las compuertas de admisión y de descarga de los ductos deben mantenerse en buenas condiciones durante los días de lluvia para impedir que ingrese agua a los canales.
En el caso de los cauces que posean en sus obras de captación tacos, patas de cabras, etc., deberán retirar estos elementos. Se deberá limpiar el cauce eliminando cualquier obstáculo que desvíe aguas hacia la bocatoma.
En el caso de canales que atraviesen sectores con población o infraestructura pública, estos deberán encontrarse en condiciones de evacuar las aguas lluvias generadas durante el período de precipitaciones. Es importante destacar que aquellos canales con obras de contención definitiva deberán realizar esta operación en forma paulatina, a fin de posibilitar el regreso de los peces a los cauces naturales.
De acuerdo al Código de Aguas, el incumplimiento de esta resolución se sanciona con multas que van de 51 a 500 UTM.
