El Presidente Sebastián Piñera recibió este jueves las conclusiones del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, que destaca cinco ejes orientados a modernizar las policías, fortalecer el Sistema de Inteligencia del Estado, fiscalizar y perfeccionar el control de armas de fuego, resaltar el rol que juegan los municipios en la seguridad pública y la coordinación entre los actores del Sistema de Persecución Penal.
La mesa de trabajo, integrada por ministros, subsecretarios, senadores, diputados, alcaldes y representantes de la sociedad civil, inició sus actividades el 6 de abril y, a lo largo de 19 sesiones, recibió a actores de diversos sectores políticos, académicos, representantes del mundo jurídico y comunal con el fin de lograr un acuerdo transversal para realizar cambios profundos e integrales en materia de seguridad.
En tal sentido, el Mandatario destacó que “se trabajó con patriotismo, con unidad, con visión de país”, lo que se traduce no sólo en una propuesta amplia, “sino que también en una muy profunda, porque propone medidas muy concretas, que van a significar -en algunos casos- cambios radicales respecto a la forma en que hacíamos las cosas en nuestro país, con anterioridad a esta propuesta”.
Dentro de las medidas propuesta está la especialización y mayor profesionalización de las fuerzas de seguridad, un fortalecimiento del rol de la autoridad civil sobre Carabineros y la PDI y la creación de un Consejo Nacional de Inteligencia que dependerá directamente del Presidente de la República.
“Estamos absolutamente convencidos que tenemos que fortalecer ambas partes de este combate, dotar a nuestras policías de mejores instrumentos, tecnología, herramientas, pero al mismo tiempo mejorar nuestra capacidad de anticiparnos, de prevenir, de llegar antes que las bombas exploten”, agregó el Mandatario, quien presentó las iniciativas en un acto en el Palacio de La Moneda acompañado por ministros y miembros de la mesa de trabajo.
Las propuestas también abarcan una profunda reestructuración del registro de armas en el país, incrementando los requisitos para la adquisición e inscripción a la vez que se establecerán deberes para sus tenedores y sanciones en caso de incumplimiento. Actualmente hay unas 753 mil armas inscritas activas y 230 mil extraviadas, robadas o cuyos dueños fallecieron.
Las iniciativas también resaltan el rol de los municipios, quienes tendrán un rol preventivo en el combate del delito y podrán apoyar a Carabineros. También se fortalecerá la coordinación existente entre las distintas instituciones del Gobierno Central y aquellas que participan en la investigación y juzgamiento de los delitos.
“Nuestro compromiso es transformar estas propuestas, que han emanado de esta Mesa de Trabajo, en proyectos de ley y en reformas administrativas”, señaló el Presidente.
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