Tras recordar la “Agenda Social” presentada por el presidente Sebastián Piñera, el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, adelantó que el Gobierno rebajará el sueldo de los ministros de Estado para complementar el proyecto que rebaja la dieta parlamentaria, al cual se le puso suma urgencia.
Este último proyecto, indicó, “nosotros lo vamos a complementar con una rebaja de las más altas autoridades del Estado, en particular de los ministros”.
Indicó también que la agenda presentada por el mandatario este martes para salir de la actual crisis que atraviesa el Gobierno “no es la respuesta definitiva, es un primer paso”.
Junto con esto, indicó otros proyectos a los que se les puso urgencia, y cuándo el mandatario firmará algunos de los proyectos de ley necesarios para llevar adelante dicha agenda.
URGENCIAS
En este sentido, el ministro Blumel indicó que se le puso urgencia inmediata (es decir, que se impondrá un plazo de 6 días para ser aprobadas ya sea en la Cámara o en el Senado) al proyecto que crea un seguro de salud para enfermedades catastróficas, y el de sala cuna universal.
Éstos, indicó, deberán ser despachados antes del próximo martes.
En paralelo, se puso suma urgencia (es decir, tendrán 15 días para ser aprobados) el proyecto que rebaja la dieta parlamentaria, el que reduce el número de parlamentarios, y el que establece un límite a la reelección. “Nosotros solicitamos muy respetuosamente que se cumplan los plazos de estas urgencias, son obligaciones legales y constitucionales”, indicó.
LOS PRIMEROS PASOS
Mañana, recordó Blumel, el Presidente firmará el proyecto que establece el mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas, y durante la semana se presentará ante el Congreso los beneficios en materia de pensiones comprometidos por el mandatario.
La próxima semana, indicó, se buscará ingresar otros proyectos que no especificó. “Hay otras medidas que no son legislativas, sino de naturaleza administrativa, y esas las vamos a ir implementando a la brevedad”, adelantó el secretario de Estado, incluyendo en éstas últimas la reconstrucción de la propiedad pública dañada, lo que costará un estimado de $350 millones de dólares.
