CURICO.- Han transcurrido poco más de 2 años desde que el asistente social, José Luis Fernández Oyarce (44) recuperara su libertad, luego que el Tribunal oral en lo penal de esta ciudad lo absolviera de las imputaciones por los delitos de violación y abuso sexual, que supuestamente y según la fiscalía habían afectado a una niña de 9 años, hija de la ex pareja del profesional.
Desde esa fecha, agosto del 2017, que el profesional, según cercanos, ha buscado regresar a la normalidad, analizando los complejos momentos que vivió durante el año y dos meses en que permaneció en prisión preventiva en la cárcel de Curicó, donde fue víctima de vejaciones, que lo llevaron incluso a atentar infructuosamente contra su vida.
Finalmente, el 25 de agosto del 2017 y tras un largo juicio, los jueces Amelia Avendaño, Sebastián Bustos y Jimena Orellana, absolvieron de los cargos a Fernández Oyarce: “Este tribunal estima que el Ministerio Público y la querellante (Sename) no fueron capaces de acreditar más allá de toda duda razonable los delitos de abuso sexual y violación impropia”, dice la lectura de veredicto.
Agrega que la “prueba aportada fue insuficiente”, y “en consecuencia el tribunal en unanimidad absuelve al acusado José Luis Fernández Oyarce de la acusación fiscal; que de conformidad a la decisión absolutoria adoptada este tribunal dispone en forma inmediata el alzamiento de las medidas cautelares que afecten a José Luis Oyarce”, con lo cual se decretó su libertad, tras un año y dos meses de encarcelamiento.
Tras dos años de análisis, José Luis Fernández determinó iniciar acciones legales, contra su ex pareja, también contra un profesional médico general del Servicio médico legal, y contra el fisco, que lo sindicaron como autores de ambos delitos. El abogado curicano José Luis Cisterna, patrocinante, reconoció que la demanda la interpuso ante Tribunales civiles de Talca, y se encuentra a la espera que los tres demandados sean notificados, antes de referirse al libelo.
La demanda consta de 30 páginas, en que se argumenta que la ex pareja del asistente social “había manipulado el relato de su hija, dibujando en su mente una serie de deleznables actos que en realidad no habían ocurrido y que eran maquinaciones propias del despecho de la madre”.
En torno al profesional médico general, que al momento de los hechos pertenecía a la Unidad de Sexología y medicina forense del Servicio Médico legal del Maule, que realizó exámenes forenses a la niña, el escrito señala el informe emitido por este es “negligente, incompleto, y contradictorio, contribuyó e incluso podría afirmarse que determinó la suerte que iba a correr mi representado durante un año completo de privación de libertad”.
Puntualiza señalando la acción, solicitando que a los “ya individualizados todos, a efectos de que se condene a todos o a alguno delos demandados, a pagar solidariamente una indemnización por daño moral ascendente a la suma de ochocientos millones de pesos, o en subsidio la suma que SS considere correcta en justicia, con costas”, acota el escrito.
