El Juzgado de Garantía de San Fernando decretó prisión preventiva para el ex alcalde Luis Berwart (2012 y 2021), el ex administrador municipal, Pablo Bravo, el ex jefe de finanzas y secretario general subrogante de la corporación municipal, Leonidas Quiroga, y para el jefe de operaciones, Carlos Bozo, por los delitos de fraude al fisco y uso malicioso de documento público, ambos en carácter reiterado, tras 16 horas de formalización.
De acuerdo a la indagatoria realizada por el Ministerio Público y la PDI, entre 2014 y 2021 se desviaron más de tres mil millones de pesos con diversos fines desde el área de salud y educación de la corporación municipal.
La fiscal jefe de Alta Complejidad en O’Higgins, Fabiola Echeverría, detalló que “existía esta asociación entre los funcionarios con más jerarquía dentro de la corporación, y el ex alcalde y su administrador municipal, quienes se reúnen y generan estos distintos negocios, sociedades y prestaciones de servicios útiles imposibles de transparentar administrativamente en la corporación”.
Lo anterior, con el objetivo de “generar fondos que fueron destinados a su enriquecimiento personal, pago de favores, de campaña“, dijo la persecutora.
Según la Fiscalía, los imputados utilizaron cinco métodos para realizar los delitos: la creación de sociedades a través de terceros, utilización de documentos comerciales de empresas que no prestaron servicios, la utilización de documentación comercial de empresas que realizaban otros trabajos a los facturados, el cobro de dinero por parte de trabajadores por fondos y la contratación de personas que no prestaron servicios a la entidad.
Las imputaciones fueron rechazadas por las defensas de los acusados, como el caso del abogado defensor del ex jefe municipal, Mauro Figueroa, quien aseguró que no escuchó “en ningún momento acreditación alguna que nos permita sostener que don Luis Berwart se enriqueció, que gastó ese dinero en algún efecto personal, en la compra de algún bien”.
“Evidentemente estas aseveraciones que hace el persecutor nos causan mucha preocupación y lo hacen porque no encontramos un respaldo posterior”, afirmó Figueroa.
El Tribunal de Garantía de San Fernando ordenó un plazo de 90 días para la investigación.
