En el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua comenzó ayer jueves el juicio contra el funcionario de la Policía de Investigaciones, identificado como Pablo Fuentes Castro, imputado por el delito de homicidio simple, contra el estudiante de cuarto medio Rolando Véliz Godoy, en noviembre del año 2013.
El juicio se lleva a cabo en la segunda sala del tribunal, compuesta por la jueza presidenta, magistrada Paulina Chaparro; la jueza redactora, magistrada, Gladys Medina y por la jueza integrante, magistrada María Esperanza Franichevic.
En la apertura del juicio, la presidenta de la sala leyó la acusación que señala al imputado como autor del ilícito mencionado, luego que el 12 el noviembre de 2013, la víctima, identificado como Rolando Véliz Godoy, de 18 años, conducía junto a su polola por avenida República de Chile –sin su licencia de conducir y en estado de ebriedad- y colisionó levemente a otro vehículo dándose a la fuga. En medio de la huida el joven fue divisado por funcionarios de la PDI, quienes intentaron alcanzarlo, ya que pensaron que se trataba de un procedimiento policial. En ese contexto, el joven habría resultado herido luego de que le impactara una bala percutida desde un arma del imputado. El joven falleció en el Hospital Regional de Rancagua, debido a una anemia aguda producida por una herida torácica con salida de proyectil.
En los alegatos iniciales la fiscal María Pilar Moya aseguró que en ningún momento hubo identificación por parte de los policías y que dispararon hacia el interior del vehículo que conducía la víctima. Por su parte la defensa, por parte del abogado Fernando Díaz, señaló que la policía tiene el deber de actuar en las circunstancias en que ven a un vehículo chocado dándose a la fuga; además, cuando los funcionarios le solicitaron que se detuviera para control de identidad, el joven abalanzó el auto contra el imputado –que actualmente trabaja para la Bicrim Conchalí-, momento en que hicieron uso del arma de servicio, disparando hacia los neumáticos para detener el vehículo; por todo esto piden la absolución completa.
Luego, al ser consultado por el tribunal, el imputado declinó de su derecho de guardar silencio y presentó su declaración de los hechos. Posteriormente, respondió a las consultas realizadas por los intervinientes. La fiscalía solicita para el acusado la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, las accesorias legales y costas; además, a través de una demanda civil realizada por el abogado Alex Rus, la familia solicitó el pago de 60 millones de pesos por el daño producido. El juicio, que inicialmente duraría tres días, se extenderá hasta el lunes 11 de mayo, ya que son 43 los testigos que se presentarán en esta causa.
Fuente: www.elrancaguino.cl
