Se trata de un investigación de largo aliento encabezada por la Fiscalía local de Curicó iniciada por una querella que daba cuenta de diversas irregularidades en los viáticos de los concejales de dicha comuna Julieta Maureira Lagos y Luis Trejo Bravo, quienes fueron formalizados por fraude al fisco, sumándose a la mujer un segundo ilícito que dice relación con la falsificación de instrumento privado luego de establecerse, a través de peritajes realizados por la PDI, que ella habría falsificado una factura entregada a la municipalidad dando cuenta de una rendición por un monto distinto en torno a los gastos ejecutados en un viaje realizado en su calidad de concejal a Argentina en enero del año 2013.
A ambas autoridades comunales, cuyo monto en total defraudado es cercano al millón y medio de pesos, se suman en esta formalización Jorge Vergara Escobar y Mikel Cruz Herrera. Estas dos personas figuran como los transportistas que movilizaron de manera separada a los concejales hasta la ciudad trasandina de Malargüe, evento autorizado por el municipio, pero los imputados dieron cuenta de gastos que nunca existieron ya que el viaje sólo se efectuó hasta el límite fronterizo y la factura de cuenta de un viaje de ida y regreso a la ciudad del evento, lo que nunca existió.
El fiscal jefe de Curicó Miguel Gajardo a cargo de esta investigación manifestó que “se ha podido establecer efectivamente que esas rendiciones serían ideológicamente falsas, en el sentido de lo que indican las facturas que dan cuenta de sus traslados y ellos no son efectivos y eso es lo que hoy se ha comunicado ante el Tribunal de Garantía a los cuatro imputados. Lo que se ha indicado que los documentos que ellos acompañaron bajo su firma en la municipalidad, no guardan relación con la realidad de lo que efectivamente ocurrió”.
En el caso de Trejo Bravo se trata de tres viajes cuestionados: dos realizados a Argentina los años 2013 y 2014 y el tercero a una escuela de verano llevada a cabo en Puerto Montt el año 2013 y que dicen relación en este último caso con boletas de combustibles cuyas fechas no se ajustan al periodo del cometido al sur del país.
En esta investigación donde junto a los abogados querellantes también se ha hecho parte el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual ante la fiscalía para los cuatro imputados, la que fue acogida por el tribunal desechando la petición de los querellantes que requirieron la prohibición de acercarse a edificios públicos incluyendo la municipalidad de Curicó.
