Esta iniciativa permitirá focalizar los apoyos estatales en la pequeña y media agricultura, en las comunidades y organizaciones de regantes, contribuyendo a promover un desarrollo rural más justo y sustentable.
Con 131 votos a favor y una abstención, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó hoy el proyecto que modifica y prorroga por siete años la vigencia de Ley N°18.450 de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje, iniciativa que busca incrementar los apoyos estatales a la pequeña y mediana agricultura, a las comunidades y organizaciones de regantes, contribuyendo a impulsar un desarrollo rural más justo, pero también más sustentable gracias al aumento de la eficiencia y seguridad hídrica, la protección de humedales y la restricción de la bonificación de proyectos de riego en laderas.
Uno de los aspectos más importantes del proyecto es el cambio en la forma de estratificar a los agricultores y agricultoras que pueden acceder a los beneficios de la Ley de Riego, que pasa de un criterio basado en la superficie del predio a uno basado en los ingresos por ventas anuales de cada agricultor o empresa agrícola, considerando además, sus empresas relacionadas. En este sentido, el proyecto establece distintos porcentajes de bonificación máxima, según el estrato al que pertenece cada postulante, usando los tramos de ingresos por ventas anuales del Servicio de Impuestos Internos, y fija en 50.000 UF el máximo de ingresos anuales que pueden tener los beneficiarios de la Ley (límite superior del tramo Medianas 1).
La subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, quien estuvo presente durante la sesión realizada en el Congreso Nacional, agradeció en nombre del Ministerio de Agricultura el apoyo de la Cámara de Diputadas y Diputados y de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y a las y los parlamentarios que formaron parte de la Comisión Mixta. “Agradecemos el exhaustivo análisis de esta iniciativa, proponiendo algunas mejoras que se consideraron en la Comisión Mixta, lo que permitió llegar a acuerdos transversales”, recalcó.
En esta línea, la subsecretaria detalló que en esta última instancia se acordó aumentar el porcentaje de recursos destinados a la mediana agricultura; homologar el régimen de las juntas de vigilancia a las demás organizaciones de usuarios y fijar un límite máximo de recursos que puedan destinarse a los programas especiales de eficiencia hídrica que impliquen restitución de agua al caudal.
Asimismo, la autoridad señaló que este proyecto de ley, que luego de casi dos años y medio de tramitación ya llega a su etapa final, “permitirá afrontar de mejor manera los efectos del cambio climático y la escasez hídrica, fenómenos que lamentablemente nos acompañarán cada vez con más fuerza. En esta línea, el proyecto fija sus objetivos en la seguridad para la soberanía alimentaria, y también en la seguridad hídrica, los cuales serán esenciales en el nuevo escenario al que nos enfrentamos”.
El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego (CNR), Wilson Ureta, en tanto, destacó que el propósito de los cambios alcanzados, en la mayoría de los casos por unanimidad, es contar con un instrumento de adaptación del sector agrícola al cambio climático, pero al mismo tiempo ser una palanca para promover un desarrollo rural justo y sustentable, que entregue sus frutos a quienes más lo necesitan”.
“Estamos muy contentos con el avance de esta iniciativa. Agradezco a las y los diputados que aprobaron de manera transversal las modificaciones, y esperamos contar en los próximos días con el mismo apoyo del Senado, última instancia antes de su promulgación”, agregó Wilson Ureta.
