Continúan las demandas, y molestias hacia los notarios publicos, por cobros abusivos de firmas y papeles.
Si bien el gremio de funcionarios públicos rechaza las malas prácticas, en varias sucursales notariales del pais, los usuarios se ven afectados por montos elevados y que están fuera de la ley.
Por ejemplo, si alguien desea un poder simple más una validación de la cédula de identidad, no debería gastar más de $2.300, pero en ciertos lugares sólo por el primer trámite hay que desembolsar $3.500.
Alfredo Martín, Presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores explica que en la actual legislación se fija un máximo para las tarifas, pero que “por ningún motivo se puede pasar esa cifra”.
Para intentar mitigar esta situación, se trabaja en una iniciativa que inclusive podría desafectar a la persona que acepte dichas prácticas.
El ministro de Justicia José Antonio Gómez encabeza un proyecto que buscar reformar el sistema existente hoy en día, el cual es catalogado por el propio secretario de Estado como “obsoleto”.
“Dejaremos en claro los aranceles. Si alguien se pasa del límite permitido, se aplicarán multas que inclusive podrían llevar a la destitución”, complementó Gómez.
