La controversia sobre los lazos familiares en el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha escalado con nuevos antecedentes que involucran a altos funcionarios y sus parientes. El foco actual está en el jefe de asesores del Presidente, Miguel Crispi, y su tía Verónica Serrano, exjefa del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, implicada en el caso “Democracia Viva”. Este caso ha generado críticas hacia Boric, quien previamente prometió prohibir la contratación de parientes en cargos de confianza.
Además de Serrano, otros miembros del círculo cercano de Boric tienen familiares desempeñando roles en el gobierno. Carlos Durán, jefe de gabinete del Presidente, cuenta con su esposa como parte del equipo de asesores del director del Servicio Nacional de Migraciones. Asimismo, Carmen Morales, pareja del exjefe de gabinete Matías Meza-Lopehandía, también está involucrada en labores gubernamentales.
La presencia de familiares en el gobierno se extiende a otros asesores presidenciales, como Luna Follegati y Luis Eduardo Santa Cruz Grau, cuyas parejas tienen roles en el gabinete del ministro de Educación y en la vicepresidencia de Convergencia Social y el ministerio de Economía, respectivamente.
Este fenómeno ha generado debate dentro de Convergencia Social, especialmente después de la renuncia de Ricardo Trincado a la dirección de Asuntos Precarios debido a la implicación de su hija Catalina Trincado en el Ministerio de Vivienda durante los controvertidos convenios con fundaciones.
A pesar de las declaraciones de Boric, ministros del gabinete insisten en que el gobierno sigue normativas de probidad y que no ha habido un cambio en la posición del Presidente sobre este tema. La ministra de la Segegob, Camila Vallejo, destacó el cumplimiento de un instructivo de probidad, mientras que el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que Boric ha optado por no hacer reproches por los lazos familiares en su gobierno.
