Se trata de cuatro funcionarios que pertenecen al Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Cauquenes. Tres de ellos haciendo uso de cometidos autorizados por su director, el jefe de servicio Pedro Ramonet Grandón también formalizado de cargos por estos hechos, durante algunos meses de los últimos tres años viajaron a Santiago con el fin de vender permisos de circulación a nombre de la municipalidad, materia que también está expresamente prohibida por la Contraloría General de la República.
La investigación del Ministerio Público junto a peritos de la PDI ha permitido establecer que hasta el momento la municipalidad dejó de percibir cerca de 180 millones de pesos, cifra que se desconoce si nunca fue cobrada al momento de pagar los permisos de circulación como una forma de bonificación u ofertas, o por el contrario, tuvo una destinación distinta. Lo que sí está claro es el monto defraudado y en este hecho tienen participación como presuntos autores los funcionarios Olga Orrego, Walter zapata y Marco Arellano.
“Se investiga una denuncia presentada por el Alcalde de la Municipalidad de Cauquenes que da cuenta inicialmente del no ingreso de determinados fondos que correspondían a la recepción por permisos de circulación. Tras una larga investigación y un trabajo bastante arduo se pudo determinar que los fondos no habían sido ingresados por cuanto provenían de la venta de permisos de circulación efectuados de manera irregular en Santiago y que estos funcionarios que eran enviados en Santiago, lo hacían en virtud de cometidos funcionarios que eran un ardil para poder viajar, simulando la existencia de cursos de perfeccionamiento o especialización que no eran efectivos y que realmente decían relación con ir a Santiago a diversas automotoras o departamentos a vender permisos de circulación, los cuales eran entregados a un valor inferior al que correspondía según el sistema, o en los cuales se permitía la venta no obstante existir pagos pendientes de multas de permisos de circulación por Tag o tránsito”, afirmó el fiscal Francisco Ávila a cargo de la investigación.
De esta forma el ente persecutor presentó los antecedentes al Tribunal de Garantía, el que acogiendo sus argumentos dispuso el arraigo nacional de los cuatro imputados y fijó como plazo de la investigación cinco meses.
