La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció los proyectos legislativos y administrativos que impulsará el Gobierno a partir de las propuestas realizadas por el Consejo Asesor Presidencial encabezado por Eduardo Engel.
Uno de los principales anuncios fue que “en septiembre se dará inicio un Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, que a través de diálogos y debates, consultas y cabildos, se realizarán aportes para una Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana”.
Financiamiento de la política
Sobre este punto, la Mandataria informó que “transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados, y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito”.
Además, detalló que “reduciremos el gasto, sólo podrá hacerse propaganda en zonas delimitadas y serán delito de cohecho los regalos de campaña y el pago de cuentas”.
“Será el Estado el que financie el trabajo de los partidos. Para eso tendrán que cumplir con exigencias y controles claros. Tendrán que reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros; tendrán que ser democráticos en su interior, tener contabilidad transparente y fiscalizada, dar espacio a nuevos líderes. Ésta es una inversión necesaria para tener una mejor vida pública y mayor participación ciudadana”, destacó.
Otras medidas
- Fortalecimiento del Servicio Electoral y al Tribunal Calificador de Elecciones, para que sean más autónomos y tengan reales capacidades de fiscalización y sanción para hacer respetar la ley.
- Autonomía constitucional al Servel.
- Regulación detallada del financiamiento de las campañas electorales.
- Todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública, no podrán representar en cargos de elección popular y perderán sus escaños.
- Ampliación del rango de aplicación del Sistema de Alta Dirección Pública para trabajar en el Estado, para que los que lleguen ahí lo hagan por mérito y vocación.
- Aumento de las exigencias y fiscalización en el uso de recursos públicos en el Ejecutivo y en los municipios, regulando también de manera más precisa a aquellos que prestan servicios al Estado.
Negocios
- Superar los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas ideológicamente falsas.
- Tipificación y sanción del delito de corrupción entre particulares, tal como los pagos indebidos para obtener negocios.
- Regulación y fiscalización de manera estricta la relación entre la política y los negocios.
- Ampliación del ámbito de la prohibición de contratación en el Estado, a parientes de las autoridades.
- Regulación de la “puerta giratoria” entre empresas y servicio público, para impedir que autoridades y ejecutivos circulen sin límites entre ellas.
- Establecimiento de un registro público obligatorio de lobistas, para que se sepa quiénes representan intereses del mundo privado ante los que toman decisiones en el mundo público.
- Ampliación de la aplicación y el detalle de las declaraciones de bienes, intereses y patrimonio de los servidores del Estado.
- Mantención de suma urgencia a la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad y al proyecto de modernización del Ministerio Público.
Educación Cívica
- Todas las escuelas, universidades y centros de formación deberán tener un programa sólido y explícito en formación cívica.
- Definición de códigos éticos para todos los servicios públicos y para el mundo privado.
- Creación del Defensor Ciudadano, que se encargará de promover y defender los derechos de las personas frente a los actos arbitrarios del Estado.
Plazos
Para las medidas administrativas, un plazo de quince días para dictarlas y para los proyectos de ley, un plazo máximo de 45 días para su ingreso al Parlamento.
