Alrededor de 250 mil estudiantes de 4° básico participaron de la primera jornada de aplicación del SIMCE 2022, de los cuales 5.950 son estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes, que tuvieron adecuaciones en el proceso de rendición.
La prueba es de carácter censal y comenzó el pasado miércoles 16 de noviembre con la evaluación de Matemática, que fue aplicada en el 96,3% de los establecimientos del país, y que continuo este jueves con Lenguaje y Comunicación. Durante los dias 23 y 24 de noviembre será el turno de los y las estudiantes de II medio, quienes rendirán los exámenes para estas mismas asignaturas.
El SIMCE de este año, sin embargo, es distinto al de ocasiones anteriores. Conscientes del impacto que tuvo la pandemia en las comunidades educativas, el Ministerio de Educación solicitó al Consejo Nacional de Educación (CNED) modificar el plan de evaluaciones y este organismo accedió a que el SIMCE esta vez no tenga consecuencias negativas para los establecimientos.
Esto significa que los establecimientos no serán ordenados en categorías de desempeño según los resultados que obtengan, descartando así la posibilidad de cierre de establecimientos que tengan bajo desempeño, como lo establece la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.
El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, explicó que “los resultados del SIMCE servirán, junto a otros instrumentos con los que cuenta el sistema, para profundizar en el diagnóstico de la crisis educativa que enfrenta el país y seguir apoyando a las comunidades educativas en la reactivación de aprendizajes”.
El secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortez, detalló que el objetivo del SIMCE 2022 es “levantar información del estado de avance de los aprendizajes de niños, niñas y jóvenes de 4to básico y II medio, para poder retroalimentar la política educativa y también a las comunidades escolares”.
Próximamente, el Gobierno presentará un proyecto de ley que modificará el Sistema de Aseguramiento de Calidad, para buscar un equilibrio entre la evaluación y el apoyo a la mejora permanente que deben recibir los establecimientos del país.
