En atención a que ya se inició el proceso de notificación de despidos de profesionales del área de las comunicaciones en los servicios públicos, en un comunicado de prensa el Consejo Regional Maule del Colegio de Periodistas de Chile, expresa que se manifiesta en estado de alerta en la jurisdicción regional.
Hacemos presente que esto no es más que el resultado de un proceso, a través del cual se han vulnerado los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de forma continua y sistemática, en los últimos meses.
Como Colegio de Periodistas rechazamos cualquier situación de acoso laboral, violencia de género, maltrato, descalificaciones injustificadas o vicios en los proceso de calificación funcionaria, en contra no sólo de nuestros asociados y asociadas; sino que también de cualquier funcionario y funcionaria de la administración del Estado.
Lamentamos que en estos últimos meses se hayan generado estas situaciones, las que han ido en directo menoscabo de funcionarios y funcionarias de los servicios públicos, entre los que se cuentan nuestros y nuestras asociados y asociadas, quienes son profesionales que cuentan con la calidad de confianza legítima que le otorgan sus años de servicio, y además desarrollan una labor fundamental para la difusión de las políticas públicas del Estado.
En atención a que ya se inició el proceso de notificación de despidos nos encontramos en un estado de alerta que incluye apoyo legal a quienes resulten afectados y afectadas.
Nos encargaremos de dejar en evidencia pública cualquier antecedente comprobable, o a cualquier persona, que haya incurrido en malas prácticas laborales con las que se esté buscando afectar de forma personal o profesional a los y las periodistas del gobierno a nivel nacional.
Las y los periodistas que trabajan como encargados de comunicaciones no son necesariamente cargos de confianza política, muy por el contrario, siempre se ven enfrentados a este tipo de vaivenes e inseguridad laboral, desconociendo sus capacidades profesionales y su real aporte como trabajadores y trabajadoras del Estado al posicionamiento de las políticas públicas entre la comunidad.
