La Contraloría General de La República se pronunció al respecto, señalando que el dictamen E50319N20 establece que “tanto las autoridades municipales como regionales se encuentran sometidas al principio de probidad administrativa”.
El organismo entregó esta información tras la llegada de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, al comando de Gabriel Boric.
“Por esta razón, en el ejercicio de sus cargos, deben abstenerse de realizar actividades políticas, para velar por el cumplimiento de sus funciones, a esto se le suman los empleados estatales, cualquiera sea su jerarquía y el estatuto jurídico que los rija”, aclararon desde el organismo.
En ese sentido, los empleados estatales “están impedidos de realizar actividades de carácter político contingente, no pueden hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas o participar en reuniones o proclamaciones para tales fines”.
Por último, se hizo alusión al Artículo 28 de la Ley 19.884 de Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral: los funcionarios públicos no podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a la Administración del Estado, ni usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones”.
Es éste último punto el que se estaría infringiendo según la fotografía de Curicó, donde se aprecia el vehículo particular del alcalde Javier Muñoz, con propaganda electoral, estacionado en el espacio asignado para sus funciones como primera autoridad comunal.
