Por casi tres horas se extendió la audiencia de formalización de cargos en contra de Andrés Alejandro Jofré Morales de 27 años, quien la tarde del lunes y luego de saltar la reja de entrada al inmueble de su ex pareja en la localidad de Lontué comuna de Molina, con un arma blanca la apuñaló hasta causarle la muerte.
En la audiencia la fiscal jefe de la comuna Mónica Barrientos explicó con detalles al tribunal el actuar del imputado quien cometió el delito frente a la hija de ambos de tan sólo cuatro años de edad. El autor contaba con una orden judicial de no acercarse a María Magdalena Antivil Quintriqueo de 28 años, voluntaria de la cuarta compañía con quien había convivido por un plazo de 8 años para separarse de hecho en septiembre del año pasado.
A pesar de los esfuerzos de su defensa para evitar la prisión preventiva del imputado argumentando que su actuar se habría producido al estar bajo un estado de obcecación por celos, los argumentos entregados por el Ministerio Público fueron contundentes para que el tribunal dispusiera la medida cautelar de prisión preventiva en su contra.
“Se formalizó al imputado por los delitos de desacato y femicidio, y en base a eso solicité la medida cautelar de prisión preventiva porque el sujeto es un peligro para la seguridad de la sociedad y porque estimo que se dan los presupuestos de participación y de existencia de ambos ilícitos por los cuales delitos que fue formalizado. La menor estaba presente en el lugar y trató de defender a su madre y en el momento que la madre se levanta para pedir auxilio y desangrándose estaba la menor junto a ella. Nosotros lo que solicitamos para ella una medida de protección al tribunal de familia y la información que tenemos es que está bajo el cuidado de familiares”, afirmó la fiscal Barrientos
Además de la prohibición de acercamiento decretada por el tribunal, la víctima contaba con medidas de protección dadas por la fiscalía consistente en rondas periódicas por parte de Carabineros y un teléfono celular otorgado por el ente persecutor. El 30 de enero pasado al ser contactada por profesionales de la Unidad de Víctimas y Testigos para que junto a su hija saliera de Molina e ingresaran ambas a una Casa de Acogida de Sernam, la víctima rechazó dicha propuesta.
Se fijó como plazo dos meses para la investigación de este ilícito cuya pena parte en los 15 años y un día pudiendo llegar hasta presidio perpetuo calificado.
