Por medio de una resolución que lleva la firma del juez titular del Juzgado de Letras del Trabajo Carlos Gajardo Ortiz, durante la tarde de este miercoles 8 de marzo, ordenó “el arresto por el término de cinco días, en contra del alcalde de Curicó Sr. Javier Muñoz Riquelme, en su calidad de representante legal de la Ilustre Municipalidad de Curicó, la orden agrega:
“Ofíciese en su oportunidad a la Policía de Investigaciones para fines de dar cumplimiento a lo ordenado”.
Esta medida surgió tras el no pago de lo adeudado a la profesora Irene Cortés Fuenzalida, ex directora DAEM, quien ganó el juicio laboral por despido injustificado, por lo que el municipio debe pagar una suma cercana a los 600 millones de pesos, cifra que puede ir subiendo en la medida que demore el cumplimiento de la resolución judicial.
Este documento de cuatro carillas fue subido a la página de Facebook y entregado a diario La Prensa por parte del abogado José Luis Cisterna, quien representa a la demandante en este juicio.
La resolución judicial entrega una serie de considerandos, pero en lo fundamental se refiere al no pago de lo adeudado, ni a la dictación del decreto alcaldicio con ese fin. La orden de arresto, contra el jefe comunal, había sido solicitada en otras oportunidades, por la parte demandante.
Ya el 17 de febrero, el tribunal había apercibido (a consecuencia de diversos incumplimientos previos a la demanda, uno de los cuales inclusive generó la aplicación de una multa cuyo pago tampoco consta en autos) al municipio demandado para que dentro de un plazo de cinco días hábiles procediera a dictar el decreto alcaldicio respectivo para el pago de la suma de $569.675.790, a favor de la parte demandante.
Una vez cumplida la orden por parte de la Policía de Investigaciones y se proceda al arresto del alcalde Javier Muñoz, el juez determinará su ingreso al centro penitenciario o en su defecto la presencia ante el mismo tribunal, según explicaron fuentes policiales.
La resolución judicial golpeó con fuerza en la ciudadanía ayer por la tarde, por el efecto que provoca una orden en contra de una autoridad municipal, en este caso el propio alcalde de la ciudad de Curicó.
A los efectos judiciales se agregan los efectos políticos que provocará esta situación, más cuando los demandantes exigen el pago de la totalidad de lo adeudado para dar cumplimiento de esa forma a la resolución emanada de la cuarta sala de la Corte Suprema.
Ademas de la causa de Irene Cortés se agrega la del funcionario despedido, Roberto Ulloa Rebolledo, a quien la Municipalidad de Curicó le adeuda una suma superior a 30 millones de pesos, resuelta también por los tribunales de justicia.
Por el no pago de ese monto, surgió también una orden de arresto por parte del mismo tribunal, para que sea cumplida por la Policía de Investigaciones, el que deberia serse efectiva durante la presente jornada.
Gentileza Diario La.Prensa.
