TALCA. Un año de investigación a cargo de la Fiscal de Talca, María Lorena González, permitió que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI pudiera detener a un total de 39 personas, todos ellos involucrados y con diversos grados de participación, en la compra y venta de certificados de licencias de conducir profesionales.
Desde el municipio, de la comuna de Pencahue, un funcionario del Departamento de Tránsito y el concejal José Castillo, figuran como los intermediarios para que finalmente las licencias fueran entregadas a cerca de treinta personas que no contaban con las condiciones de salud para terminar conduciendo furgones escolares, buses y camiones entre otros, pagando cada uno de ellos entre 200 mil a 600 mil pesos. En las diligencias también fueron detenidos dos propietarios de la Escuela de Conductores “Santa Juana” de la ciudad de Concepción (una madre y su hijo), quienes facilitaban los certificados de licencias profesionales a pesar de que ninguno de los imputados había asistido a clases.
La fiscal especialista en delitos económicos, María Lorena González, formalizó cargos en contra de todos ellos por delitos contemplados en la Ley de Tránsito, sumándose a los dos funcionarios municipales por el delito de cohecho y pidiendo en contra del concejal la cautelar de prisión preventiva. “Fue formalizado por dos delitos el primero de ellos por infracción de la Ley de Tránsito y el segundo por una figura agravada de la Ley de Tránsito, al ser funcionario municipal le rigen las normas del estatuto administrativo y por lo tanto hemos estimado que él con su conducta infringió gravemente las normas de probidad y fue además formalizado por la figura del artículo 248 bis del Código Penal que establece las infracciones a los deberes de su cargo de los funcionarios públicos. Siendo una persona creíble la gente se acercaba a él para que les gestionara estos certificados de la escuela de Conductores de Santa Juana ideológicamente falsos y le pagaban derechamente al concejal una suma cercana a los 200 o 300 mil pesos en algunos casos y él recababa los datos de las personas y posteriormente gestionaba con la Escuela de Conductores estos certificados e incluso se los iba a dejar a sus propios domicilios”, afirma la fiscal González. El tribunal acogiendo los argumentos del Ministerio Público dispuso la prisión preventiva del Concejal Castillo, mientras que para el funcionario del Departamento de Tránsito y los propietarios de la Escuela de Conductores se dispuso la firma diaria antes Carabineros y el arraigo nacional, fijándose además cuatro meses de plazo de la investigación.
