Buenos resultados obtuvo la investigación que ya se arrastra por varios meses con el fin de lograr ubicar y erradicar la prostitución infantil que se estaba desarrollando en las inmediaciones del rodoviario de Talca. Y es que el fiscal Iván Vidal encabezó en horas de la noche de este miércoles el operativo que la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI realizó en dos domicilios, en uno de los cuales se ejercía el comercio sexual con mujeres adultas y también menores.
La diligencia permitió la detención Omar de la Cruz Higueras Urrutia a cargo del prostíbulo y de María José Marchant Miranda mujer que se dedicaba a comercializar a su hermana, una menor de edad, para prestar servicios sexuales al propietario del lugar y también con clientes los que pagan 35 mil pesos.
“Él en particular ejercía el comercio de índole clandestino en una vivienda ubicada cerca del CREA lugar hasta donde trasladaba a niñas menores de edad y a muchas de ellas las reclutaba en el sector del terminal de buses de Talca. Hemos lograr la existencia de varias víctimas y siguen aún las diligencias investigativas que dicen relación con otras víctimas por lo que es muy probable que en el futuro estemos formalizando por nuevos hechos. En particular la relación que existía entre los dos imputados era el vínculo a través del teléfono en que concordaban la forma en que la mujer ponía a disposición del imputado varón a su hermana menor para que prestara servicio sexuales tanto para él como también para clientes del prostíbulo que él regentaba”, afirmó el fiscal Iván Vidal especialista en delitos sexuales.
El Ministerio Público formalizó cargos en contra de Higueras Urrutia por promover la explotación sexual infantil y el ejercicio del mismo, además por el delito de estupro y recibir favores sexuales por parte de menores de edad. En tanto, en contra de Marchant Miranda se formalizó investigación por facilitar para la explotación sexual de su hermana menor de edad.
Por todos estos hechos la fiscalía solicitó al tribunal la medida cautelar de prisión preventiva debido a las abundantes pruebas que existían en contra de ambos imputados, incluyendo grabaciones autorizadas previamente por orden judicial. De esta forma el tribunal acogido la petición del ente persecutor enviado a la pareja a prisión y fijando como plazo de la investigación tres meses.
En esta causa ya fueron formalizados otros dos sujetos por comercio sexual con menores de edad quienes se encuentran bajo cautelares alternativas a la prisión preventiva durante el plazo que dure la investigación.
