El caso de Lissette, la menor de 11 años que falleció en un centro de protección del Servicio Nacional de Menores (Sename) en abril pasado, reabrió el debate sobre la calidad de vida de los jóvenes que se encuentran en el sistema. Un ambiente cuestionado y que, de acuerdo a un informe realizado por la institución, estaría padeciendo serias deficiencias.
El oficio enviado al senador Alejandro Navarro (MAS)- revela que en los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread), por problemas de presupuesto, se han debido priorizar las necesidades más básicas, dejando de lado mantenimiento a dormitorios, baños, grifería y sistema eléctrico de los recintos, entre otros.
Aunque estos centros están orientados “hacia la reparación del daño, lo que exige contar con el personal adecuado y especializado” para tratar a los menores, según el informe existe una brecha de 371 profesionales, como profesores, psicopedagogos, terapeutas y asistentes sociales. Por ejemplo, en el centro Galvarino, donde falleció Lissette, faltan 53 funcionarios.
Según lo que contestó el Sename a La Tercera, el déficit de personal incide “en la relación interpersonal entre educadores y niños, niñas y adolescentes, el establecimiento de vínculos y la restitución del daño asociado a conductas de desapego”. Debido a esto “se han priorizado aquellos centros que se encuentran en estado crítico respecto de su dotación de personal”.
Según consigna Diario la Tercera, el documento, además, detalla que las carencias económicas “no han permitido cubrir a cabalidad las necesidades de vestuario, textil y calzado, siendo necesario adoptar otras medidas, como aceptar donaciones de terceros”. Una situación que “repercute en la calidad de atención de nuestros niños”, según admite la entidad, que reportó un déficit económico de $ 512.710 millones, proyectado a 2017.
Los centros de protección de los que se encarga directamente el Estado, atienden a niños y adolescentes que padecen desajustes y transtornos conductuales, relacionados a sus experiencias traumáticas. Por estas complejidades, la atención no es factible en otros centros colaboradores del Sename y se remite a 11 centros , ubicados en Valparaíso, Maule, Biobío, La Araucanía, Metropolitana y Arica y Parinacota, que está en proceso de habilitación.
Para Alicia del Basto, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename (Afuse), “es necesario que el Estado se haga cargo. Esto no es sólo un tema de recursos, es un tema de gestión de las autoridades que hemos tenido en el servicio”.
Walter Arancibia, presidente de la Asociación de Trabajadores de la institución (Antrase), plantea que no hay claridad sobre el costo de reparar la vulneración de un niño: “Ni el Estado, ni Hacienda, ni los jueces la tienen, y es por eso que el Estado siempre restringe el presupuesto, pues ven costos versus beneficios, pero en el caso de un niño que fue vulnerado es complicado, porque depende de cada caso”.
Consuelo Contreras, directora ejecutiva de Corporación Opción, entidad colaboradora del Sename, sostiene que “lo que se requiere es un sistema especializado y profesionalizado, y ese proceso hay que profundizarlo y avanzar más”.
Para Daniel (18), quien permaneció cuatro meses en un Centro de Internación Provisoria (CIP) del Sename en 2012, y hoy está en la educación superior, “el dinero que falta es necesario para el Sename, no es una plata que se gaste sin razón. Ayuda a que salgamos adelante y veamos un apoyo del Estado”.
Crisis en el Sename
El gobierno está trabajando en cambios legales para mejorar la situación de los menores: en la Cámara de Diputados está el proyecto de Garantías de Derechos de la Niñez y en el Senado se discute la creación de una Subsecretaría de la Niñez.
Pero reconstruir el Sename y mejorar la calidad de vida de los ñiños, no es una discusión nueva. Entre 2013 y 2014 en la Cámara se realizó una Comisión Investigadora que confirmó la vulneración de los derechos de los niños. Y otra vez este año, se aprobó una nueva comisión sobre el Sename para definir cuáles han sido los avances desde la instancia anterior.
En el Senado, la Comisión de Derechos Humanos analizó la semana pasada la situación de los centros de protección. Y en la exposición de Antrase, se mencionó el hacinamiento que afecta a los niños: en el Cread de Pudahuel, que cuenta con 80 plazas, se trata a 132 menores, 52 más que su capacidad.
El senador Navarro, explica que “aquí hay un fracaso del Estado, y se requiere de una estrategia público privada y la solidaridad de la ciudadanía para mejorar esto”.
Vanessa Hermosilla, quien expuso ante la Comisión Investigadora de 2014, y hoy preside la organización Acompañame, que presta apoyo a madres que tienen a sus hijos en el Sename, señala que “la única forma de resolver la protección de estos niños es atomizarla, enviarla a las municipalidades porque el Sename no ha podido hacerlo”.
