A medida que pasan las semanas, el caso de presuntos delitos de corrupción entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta se convierte en un verdadero dolor de cabeza para el oficialismo y, en particular, para Revolución Democrática (RD). Lo que comenzó en el norte del país ahora amenaza con expandirse.
El Ministerio Público abrió una investigación hace unos días por presuntos delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencias relacionados con traspasos directos de más de $420 millones desde la Serviu hacia Democracia Viva, representada por Daniel Andrade, exmilitante de RD y expareja de la diputada Catalina Pérez. Sin embargo, el ente persecutor ha puesto su atención en otra ONG similar: Urbanismo Social.
Urbanismo Social, una ONG creada en 2009, recibió una importante donación en 2019. En ese momento, Rodrigo Hernández, también militante de RD, se desempeñaba como director jurídico en la fundación. Posteriormente, Hernández pasó a ser seremi de Vivienda en la Región del Maule.
El senador Fidel Espinoza, del Partido Socialista, denunció que esta fundación recibió millonarios aportes y cuestionó si los altos cargos del Ministerio de Vivienda estaban al tanto de estas irregularidades. Hernández respondió que se trató de adjudicaciones realizadas por licitación y que él se había inhabilitado formalmente para evitar conflictos de interés.
Ante los indicios de irregularidades, la Fiscalía decidió iniciar una investigación formal de oficio y derivó los antecedentes a la Fiscalía Regional de Antofagasta. La Seremi de Vivienda de Antofagasta realizó ocho donaciones a Urbanismo Social por un total de $577 millones, según reveló una publicación del medio Ex-Ante.
El fiscal regional de El Maule, Julio Contardo, confirmó el inicio de la investigación: “Confirmamos el inicio de investigación de oficio a la luz de los antecedentes que ha recogido el Ministerio Público de esta fundación, fundamentalmente de información de prensa, redes sociales y la confirmación de la seremi de El Maule”, dijo. Agregó que decidieron enviar los antecedentes a Antofagasta porque allá ya está radicada la primera investigación por hechos similares.
El senador Espinoza ha solicitado que se investigue a la Fundación Urbanismo Social, afirmando que la exsubsecretaria de Vivienda protegió a sus amigos de RD y que hay más fundaciones que deben ser investigadas.
Este escándalo ya ha provocado la renuncia del seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, y la suspensión de la vicepresidencia de la Cámara por parte de la diputada Catalina Pérez, ambas del partido RD. A medida que avance la investigación, queda por ver si habrá más implicados en este partido que se encuentra en estado de alerta.
