Once son las personas en contra de las cuales la fiscalía presentó requerimiento para la realización de un juicio simplificado por el delito de fraude al fisco, luego de que tras una intensa investigación se estableció que ellas realizaron diversas maniobras para obtener ganancias vía dineros fiscales teniendo como referente viajes a la ciudad de Malargüe Argentina realizados en el mes de enero de los años 2011 al 2013, en calidad de comisión de servicio y para lo cual, con el fin de rendir cuentas del viático obtenido, hicieron entrega al municipio de Curicó facturas falsificadas e incluso en algunos casos simplemente nunca se efectuó el viaje tal como ellos lo manifestaron y en la mayoría de los casos, no hicieron devolución del dinero entregado. En esta situación están los actuales por la comuna: Julieta Maureira lagos, Luis Trejo Bravo, Mario Undurraga Castelblanco, Jaime Canales González, Luis Rojas Zúñiga, Enrique Soto Donaire, Leoncio Saavedra Concha y Nelson Trejo Jara. A ellos se suma el ex concejal Miguel Limardo Ramírez
Por otro lado, también el Ministerio Público presentó requerimiento en contra de Jorge Vergara Escobar y Mikel Cruz Herrera, ya que ambos en calidad de transportistas se prestaron para facilitar facturas ideológicamente falsas por montos de 300 mil pesos cada una con el fin de justificar el traslado de las autoridades comunales.
Sobre esta materia el fiscal con dedicación preferente para esta investigación Francisco Ávila, señaló que “este requerimiento quiere decir que se solicitan penas que atendidos los hechos y las circunstancias modificatorias que benefician a los imputados, implica la realización de un eventual procedimiento simplificado que se realiza ante el juzgado de garantía pero que igualmente dice relación con la solicitud de penas ante el imputado. Ello tampoco opta a la posibilidad de salidas alternativas ya que es una nueva etapa que asume la investigación. Ahora se debiera citar a una audiencia de procedimiento simplificado en la cual se puede ver la posibilidad de salida alternativa y también la posibilidad de procedimientos simplificados con admisión de responsabilidad y si no se asume responsabilidad se llega a un juicio oral simplificado que se realiza en el juzgado de garantía”.
Al momento de presentar el requerimiento – dentro del plazo legal de 10 días que dispone la ley una vez cerrada la investigación – la fiscalía consideró circunstancias modificatorias de responsabilidad penal como la irreprochable conducta anterior de los imputados y la reparación celosa del mal causado, considerando en este caso que la totalidad del dinero defraudado ya fue devuelto por estas personas a las arcas fiscales.
Tal como lo señala el Código Procesal Penal, ahora el tribunal tiene un plazo no menor de 20 días ni mayor a 40 para citar a todos los intervinientes a la audiencia de juicio simplificado.
