Como Ministerio del Interior y Gobierno de Chile queremos dar un plazo hasta las 16:00 horas de hoy para liberar las carreteras del país y permitir el libre tránsito y recuperar la seguridad para las personas”, fue el ultimátum que, el 26 de abril pasado, dio la entonces ministra Izkia Siches a los camioneros realizaban cortes de ruta en varias zonas del país en protesta por la inseguridad y por los valores de los tag y alza de los combustibles.
Al día siguiente, Interior confirmó que había presentado nueve querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado contra los transportistas que incumplieron el emplazamiento, dos en la Región de Tarapacá, tres en Antofagasta y una cada una en Coquimbo, Maule, Los Lagos y Magallanes.
Acciones penales que ya no van más. Esto porque, cinco meses después, las Delegaciones Presidenciales de esas regiones finalmente desistieron de continuar aquellos procesos, según publicó esta tarde La Tercera.
En el caso particular de Tarapacá, la Delegación hizo lo propio ayer martes en el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte, que acogió el requerimiento. Igualmente el 15 de septiembre el Ministerio Público había solicitado al tribunal el cierre de la causa por no existir antecedentes para fundar una acusación. Con todo, la instancia fijó para el 9 de noviembre la audiencia que la petición de no perseverar y por consiguiente cerrar el caso.
En Atacama, de las tres querellas, en sólo en una de ellas la Fiscalía pidió no perseverar, mientras que las restantes fueron desestimadas por la Delegación: en la primera, presentada en el Juzgado de Calama, en una audiencia de ayer martes la causa fue archivada y la investigación cerradas; en tanto que las otras dos fueron desistidas por el Ejecutivo en una solicitud del 14 de septiembre.
El día anterior, las Delegaciones Presidenciales de Los Lagos y Magallanes hicieron lo mismo, con sendas solicitudes que fueron aceptadas por los respectivos tribunales y, de esa manera, desestimadas las querellas en Puerto Montt y Punta Arenas.
“El desistimiento de las querellas varios meses después de presentadas responde al trabajo que durante todo este tiempo se ha mantenido con los camioneros, lo que ha permitido lograr acuerdos en materia de seguridad y orden público”, explicaron desde la Subsecretaría del Interior al citado medio.
“NUNCA HUBO MÉRITO”
Por su parte, Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga (CNTC), opinó que “nunca hubo mérito para aplicar ninguna Ley de Seguridad del Seguridad del Estado” dado que, a su juicio, durante esas manifestaciones no se cortaron las rutas, sino que se “estrangularon” con el fin de pedir la compresión del resto de los camioneros.
“Si el Gobierno ha estimado necesario retirar alguna posible querella, me parece que está dentro de lo que tiene que hacer un Gobierno que entiende que nuestro actuar gremial está en la línea de pedir lo correcto, que se restablezca el Estado de derecho en la nación”, sostuvo.
De cualquier manera, “la verdad es que me gustaría más que el Gobierno se afanara en sacar adelante la agenda de seguridad, una nueva ley de inteligencia, antiterrorista, por el robo de madera, contra el crimen organizado y las organizaciones criminales que están actuando en el país, eso es una noticia que nosotros la valoramos mucho más que haber desistido de una querella que no tenía ningún mérito”, sentenció.
Gentileza Radio Cooperativa.
