El Gobierno espera eliminar el beneficio que permite que los sacerdotes enfrentados a juicios puedan declarar en su residencia, en el marco del nuevo Código de Procedimiento Civil.
Como consignó La Tercera, la ministra de Justicia Javiera Blanco propuso eliminar dos numerales del artículo 361 de esta legislación.
Actualmente esta normativa indica que “podrán declarar en el domicilio que fijen dentro del territorio jurisdiccional del tribunal: el Presidente de la República, los ministros de Estado, los senadores y diputados, los subsecretarios (…) el arzobispo y los obispos, los vicarios generales, los provisores, los vicarios y provicarios capitulares; y los párrocos, dentro del territorio de la parroquia a su cargo”.
En el nuevo documento se explica que “en concreto, y por lo que respecta a la consulta formulada, la nueva regulación no contempla el beneficio de excepción de comparecencia al tribunal en favor de representantes eclesiásticos, toda vez que han sido eliminadas las referencias contenidas en el numeral 1° del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil”.
La ex presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, sostuvo que “esta norma tenía un fundamento. La actividad de un párroco o un religioso, no es conciliable con una ida a un tribunal en cualquier día y hora. Lo que está malo es que esta medida no se extienda a otros credos religiosos”.
Por su parte, la profesora de la Universidad de Los Andes, Anastasía Assimakópoulos, manifestó que “hay una separación de la Iglesia con el Estado. Por lo tanto, el Estado es el que verá lo que hace respecto a quiénes le da la posibilidad de declarar fuera de los tribunales. Es algo sobre lo que la Iglesia no puede decir ‘me están quitando o dando derechos'”.
Desde la Conferencia Episcopal aseguraron que se referirán al tema cuando conozcan el proyecto en su totalidad.
