El Juzgado de Letras de Molina con competencia en lo Laboral, rechazó la demanda presentada por 261 profesores en contra la Municipalidad de Molina, en la cual demandaban un total de $ 875.964.013, más reajustes e intereses, argumentando el no pago de esta institución de la Subvención Adicional Especial que establece la Ley N° 19.410 y el aumento de la Bonificación Proporcional de la Ley N° 19.933.
A diferencia de otros municipios que prefirieron llegar a un acuerdo con los demandantes y que en más de una ocasión fueron condenados al pago de millonarias prestaciones, el equipo jurídico de la Ilustre Municipalidad de Molina a cargo del connotado abogado curicano Leonardo Fuentes Quinteros, lograron acreditar a lo largo del juicio que el municipio pagó las prestaciones demandadas por los profesores.
Lo anterior, pudo ser logrado gracias a un arduo trabajo de investigación y estudio, lo que combinado a la certeza de que el Municipio de Molina pagó siempre todas las sumas de dinero a los profesores, las que provienen directamente desde el Ministerio de educación. En el juicio quedó acreditado que, los fondos enviados desde el gobierno central son insuficientes para cubrir el pago de los profesores, por lo que mensualmente la Ilustre Municipalidad de Molina debe desembolsar millonarias sumas de dinero para poder pagar en integridad el sueldo de los docentes.
Leonardo Fuentes Quinteros, abogado a cargo de la defensa señaló: “La defensa realizó un trabajo serio y acucioso durante todo el juicio aportando abundante prueba documental, pericial y testimonial, lo que en definitiva dio como resultado que la demanda de los profesores haya sido rechazada en todas sus partes e inclusive el tribunal condenó a los demandantes, en este caso los 261 profesores al pago de las costas del juicio, las cuales fueron fijadas de inmediato en la suma de $ 2.610.000, que deberán pagar a la Ilustre Municipalidad de Molina.”.
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La mencionada sentencia dictada el pasado 20 de noviembre, sería la primera a nivel nacional, en que haya sido ganada de esta forma por un municipio, pues, a consideración del abogado, las defensas por estos conceptos siempre fueron planteadas de manera errónea, lo que terminó en la obligación de pagar millonarias sumas por parte de la gran mayoría de los municipios del país.
