Se trata de la investigación penal abierta el año 2010 por la fiscalía de Talca, luego de que un relave minero de propiedad de la ex minera Las Palmas destruyera una casa habitación falleciendo toda un grupo familiar, es decir, ambos padres y sus dos hijas, a causa del alud originado por el terremoto del 27 de febrero.
En esta investigación se formalizó por el delito culposo a los trabajadores de la minera Roberto Ventura Albornoz, Francisco Errázuriz Ovalle, Ramón Méndez Fuentes y Eduardo Viada Aretxabala. En tanto, por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el Ministerio Público formalizó cargos contra René Rojas San Martín, Cecilia Rojas Adasme Aguilera y Nelson Ramírez Morandé, todos ellos por la responsabilidad que les cabía en la fiscalización del relave.
Reuniéndose en este caso todos los requisitos que dispone la ley en torno a la suspensión condicional del procedimiento establecido en nuestro Código Procesal Penal , entre ello que los imputados no tengan ningún tipo de antecedentes penales y que la posible sanción en su contra no sea superior a los tres años de presido menor en su grado medio y habiendo oído el Tribunal de Garantía a las víctimas las que aprobaron el acuerdo – en este caso los familiares del progenitor de la familia fallecida en esta tragedia – y también de los propios imputados, la fiscal María Lorena González propuso al tribunal el cumplimiento de las siguientes medidas cautelares: el pago a los familiares de las víctimas de un total de 60 millones de pesos por parte de los empleados de la ex minera, sumándose a ello tres millones más por parte de los funcionarios de Sernageomín. A lo anterior y en beneficio de la comunidad de Pencahue la fiscalía propuso para la ex minera Las Palmas la construcción y habilitación de una moderna sala de computación en beneficio de los estudiantes de la escuela del sector rural de Tapihue, donde estudiaba una de las menores fallecidas y el pago durante un año del servicio de Internet. A esto se suma otro aporte más para los pequeños del sector de Botalcura donde los imputados habilitarán y construirán otra moderna sala de computación con un total de 15 computadores y el pago también durante un año del servicio de Internet.
“Se aprobó por parte del tribunal un acuerdo consistente en una suspensión condicional del procedimiento, una facultad establecida en nuestra legislación, que consiste en que el Ministerio Público como ente persecutor propone una serie de condiciones a los imputados que debe cumplirse en un periodo de observación, en este caso será de un año donde los imputados se comprometieron a cumplir una serie de requisitos impuestos por el Ministerio Público. Eso fue objeto de debate hoy y finalmente en Tribunal de Garantía aprobó en todos los términos la referida salida alternativa que se encuentra establecida en la ley y que está en nuestras facultades proponerla y en definitiva la aprobó el tribuna”, afirmó la fiscal a cargo de la investigación María Lorena González.
A pesar de que una de las partes querellantes se opuso a la medida propuesta por la fiscalía, el Magistrado Humberto Paiva la acogió íntegramente y en ella se estableció además la fijación de un domicilio de todos los imputados quienes si dentro del plazo de un año son imputados de cualquier otro ilícito, ésta causa podría abrirse nuevamente a petición de la fiscalía y los querellantes y posiblemente terminar en una condena en contra de quien incumpla lo establecido.
