Si bien en Chile se ha avanzado en garantizar la salud sexual y reproductiva de las personas migrantes y es posible encontrar prácticas que resguardan los derechos de las mujeres extranjeras, aún existen importantes brechas que se deben resolver en relación con comprender la movilidad humana desde una mirada integral y multidimensional, plantea la investigadora del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de O’Higgins, Martina Cociña Cholaky.
La docente universitaria especifica que hay experiencias destacables como la traducción de material informativo de salud al creole, la contratación de mediadoras y facilitadoras interculturales para desempeñarse en centros sanitarios, los cursos de salud intercultural que se han impartido al personal médico y administrativo, las organizaciones de y para migrantes que se capacitan en estas temáticas y promueven la difusión de información relevante, y los diversos estudios académicos e informes publicados que indagan al respecto, como menciona en el Tercer Informe de la Corporación Miles en el que participó como investigadora responsable.
No obstante, Cociña-Cholaky sostiene que los desafíos pendientes son aún mayores, ya que “en el sistema público de salud se han identificado distintos tipos de barreras a los que las mujeres migrantes se ven enfrentadas al intentar ejercer sus derechos sexuales y reproductivos”. Por un lado, reconoce dificultades en el ámbito sanitario al existir trabas administrativas, “ya que en el plano normativo no se ha consagrado una regulación que garantice una política integral de acceso y atención de salud a la población migrante”. Además, señala en el mencionado informe que hay “una escasa adaptabilidad cultural y prácticas discriminatorias por parte del personal administrativo y/o de salud, lo que se expresa en prejuicios y estereotipos al atender a estas usuarias, en especial cuando se trata de una paciente con que no se comparte el idioma materno, lo que termina repercutiendo en especial respecto de la comunidad haitiana en la que la barrera idiomática dificulta recibir una adecuada prestación sanitaria”.
La investigadora destaca que se ha avanzado en “la dictación de regulaciones que garantizan el acceso a la salud de la población extranjera, independiente de su situación administrativa y económica”, sin embargo, precisa que “todavía restan muchos desafíos en este ámbito que dicen relación con comprender la movilidad humana desde una mirada integral y multidimensional”.
Cociña-Cholaky recuerda que existe una situación de vulnerabilidad social, económica, habitacional y educacional de quienes se desplazan a otros países, lo que incide en la salud de dicha población. En tal sentido, plantea que se necesita “promover políticas públicas basadas en el enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad. Es fundamental reconocer la diversidad y comprender la inclusión desde el diálogo y adaptación mutua”.
Asimismo, acota, es fundamental “incentivar buenas prácticas de promoción y resguardo de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres migrantes, relevando experiencias locales pertinentes, profundizando en una mirada descentralizada centrada en los recursos y capacidades con los que cada territorio cuenta para elaborar políticas pertinentes social y culturalmente”.
Mejorar el acceso y disponibilidad de información sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes, es otro de los desafíos pendientes. “La información debe ser transmitida de forma efectiva y con pertinencia cultural, mediante redes sociales y en el territorio local. Asimismo, la investigadora afirma que es urgente generar espacios de formación y reflexión en el personal de salud y administrativo para eliminar estereotipos y prejuicios, así construir espacios de diálogo y acuerdo intercultural”.
