La acción legal fue entablada el 2010, referida a la muerte de un paciente de 66 años en el Hospital Base de Linares, registrada en enero de aquel año. Según la demanda, suscrita por los hijos de la persona fallecida, el paciente habría ingresado al centro asistencial con dolores epigástricos, vómitos y sudoración helada.
En una extensa y detallada sentencia de 24 páginas, el juez del Tercer Juzgado de Letras de Talca, Álvaro Saavedra, rechazó una millonaria demanda por supuesta negligencia médica presentada contra el Servicio de Salud del Maule (SSM) y una doctora linarense.
La demanda señala que en el hospital linarense supuestamente no se habrían realizado exámenes para descartar una insuficiencia renal crónica, tampoco un síndrome urémico o una insuficiencia cardíaca. Agrega que la causa de su fallecimiento fue “muerte súbita por infarto agudo al miocardio extenso” y que habría sido diagnosticado tardíamente.
El fallo, junto con dejar constancia que las partes en litigio realizaron el proceso de mediación ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE), con resultados negativos, detalla que la parte demandante exigió una indemnización por daño moral de mil unidades de fomento por cada uno de los cinco hijos del paciente, además de un millón 200 mil pesos por daño emergente.
En su respuesta, el SSM exigió rechazar dicha acción legal, sosteniendo que en el hospital se otorgó una atención debida al paciente, de acuerdo a la sintomatología que presentó al momento de su ingreso, incluyendo exámenes físicos, de laboratorio y electrocardiograma, todo lo cual llevó a establecer el diagnóstico de insuficiencia renal aguda.
Por su parte, los abogados de Falmed argumentaron que las actuaciones de la doctora que atendió al paciente se ajustaron a los protocolos de urgencia fijados por el Ministerio de Salud, arrojando un diagnóstico que no requería régimen de internación hospitalaria, pero con instrucción de volver al centro asistencial en caso que se agravara su condición de salud.
Con estos antecedentes probatorios, el tribunal concluyó que no se configuraron los presupuestos legales de la responsabilidad extracontractual del Estado. Subraya que la doctora que atendió al paciente “obró conforme a la lexis artis, teniendo en consideración los síntomas que le refirió el occiso, los cuales corroboró conforme a los conocimientos de su ciencia o arte”.
