El Juzgado de Garantía de Curicó acogió un recurso de amparo interpuesto por la Sede Regional del Maule del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en contra de Gendarmería de Chile, y a favor de 10 personas privadas de libertad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Curicó, que habitaban en condiciones inhumanas.
Luego de una visita inspectiva del INDH a la cárcel, se constató que los privados de libertad se encontraban en celdas de aislamiento por periodos de entre tres semanas y dos meses, aduciendo Gendarmería medidas de seguridad a su favor.
Asimismo, se observó que permanecían en condiciones de hacinamiento e insalubridad, no acordes a la dignidad humana, dado que el pabellón cuenta con tres celdas, alojando en cada una de ellas cuatro internos en dos colchonetas dispuestas en el piso, sin segregación entre imputados y condenados.
Por otro lado, se constató que el acceso al servicio sanitario es a través de un estrecho pasillo, oscuro e inundado con agua, encontrándose la taza del baño tapada con heces, por lo que usaban la pieza contigua al baño, donde se observaron bolsas plásticas con deposiciones.
Se tomó conocimiento también de la realización de un procedimiento de registro extraordinario a dicho pabellón, oportunidad en la que los gendarmes propinaron a los internos golpes de palos, puños y pies. Además, los obligaron a desnudarse completamente y a hacer sentadillas, sus ropas fueron pisoteadas y refregadas en el suelo, al igual que las colchonetas.
A razón de lo anterior, el INDH estimó que Gendarmería no cumplió con la obligación de brindar a los privados de libertad un trato digno acorde a su condición humana, al mantenerlos en condiciones de hacinamiento e insalubridad, y someterlos a malos tratos, no garantizando con ello su integridad personal (física y psíquica).
Por estos hechos, el magistrado del Juzgado de Garantía de Curicó, Mauricio Aravena, se constituyó en la unidad penal el 8 de septiembre, y fijó una audiencia para el 14 del mismo mes, con objeto de conocer el informe de Gendarmería de Chile.
Previo a la audiencia se revisaron los videos de las cámaras de seguridad del módulo por todos los intervinientes (Ministerio Público, Defensoría Penal, Defensoría Penitenciaria e INDH). En la audiencia, se expusieron los fundamentos de la acción y las peticiones de cada uno de los intervinientes.
Finalmente, se acogió la acción de amparo y se dispuso una serie de medidas para restablecer el imperio del derecho. El tribunal solicitó la revisión especial de jueces en sus visitas semanales; un informe semanal de Gendarmería sobre las condiciones de higiene y salubridad del módulo, y las ocasiones en que se entregan materiales para el aseo; y remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Departamento de Inteligencia y Análisis Penitenciario (DIAP) de Gendarmería de Chile para que investiguen las responsabilidades.
