Las denuncias que han surgido en la comuna de Santa Olga, afectada por los incendios forestales del años2017, en la que los propios vecinos afectados por esta tragedia y también los dirigentes que integran la mesa de reconstrucción, quienes han alzado la voz denunciando la existencia de “falsos damnificados” que habrían recibido beneficios entregados por el Estado, que llegaría a 76 casos.
El Seremi de vivienda y urbanismo en el Maule, Gonzalo Montero, anunció que independiente de las investigaciones que están llevando adelante organismos como la policía de investigaciones y fiscalía, desde el Minvu se ha iniciado un minucioso y riguroso proceso de revisión de todos los subsidios habitacionales asignados para familias que resultaron damnificadas con los incendios forestales ocurridos en el verano del 2017 en Santa Olga y alrededores.
La autoridad del ramo fue enfática en afirmar que “ya estamos en conjunto con Serviu revisando todos los antecedentes y el listado de personas que hoy aparecen como beneficiados y hábiles de recibir una solución habitacional en las distintas modalidades que se han venido trabajando. Hay un nuevo chequeo y cruce de datos cosa de que este proceso sea lo más transparente posible, sin vulneraciones de ningún tipo y que ninguna persona que no corresponda vaya a recibir el beneficio del Estado. Acá tenemos que entregar las viviendas a quien realmente corresponda y por lo mismo sería recomendable que aquellos que eventualmente tendrían la condición de un falso damnificado vaya a Serviu y devuelva el subsidio, ya que así puede evitarse malos ratos y recibir las sanciones que existen para ese tipo de situaciones”, sostuvo.
Como se sabe al momento de la tragedia distintos organismos de gobierno- desarrollo social y Minvu- aplicaron la ficha básica de emergencia -FIBE- y una segunda ficha para catastrar aquellas familias que eran hábiles de recibir una nueva solución habitacional en sus distintas modalidades.
La ficha FIBE fue la que permitió procesar los datos para la entrega de los bonos de enseres de un millón de pesos y la segunda ficha fue la base para pagar un bono de arriendo o residencia transitoria equivalente a 200 mil pesos mensuales más 200 mil pesos como primer mes de garantía, beneficio que según contrato se mantendría vigente hasta recibir la nueva vivienda.
Cabe señalar que ambos bonos fueron y son cancelados por el Ministerio del Interior, ello previa revisión y chequeo de los resultados que arrojaron la aplicación de ambas fichas en terreno.
