A fines de junio, por instrucciones del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI llegaron hasta las oficinas del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), vinculado a la DC. En la diligencia solicitaron copias de los informes que realizaron para parlamentarios entre 2011 y 2017 y se retiraron. Por esos mismos días, efectivos de la misma unidad se trasladaron hasta la sede del Centro Democracia y Comunidad (CDC), también con nexos con ese partido, donde solicitaron los documentos contables referentes a los pagos que les realizaron a asesores en la Cámara de Diputados en los últimos años.
“Accedimos inmediatamente a dicha solicitud y hemos recopilado la información pertinente, la que será entregada en los próximos días. Junto a lo anterior expresamos nuestra disposición para continuar colaborando si así se nos requiriese en el marco de nuestras competencias. Es necesario destacar que esta solicitud responde a asesorías realizadas en materias en las que nuestro centro ha sido requerido, dados sus años de trayectoria y su posicionamiento como una institución destacada en la producción de material para el análisis y elaboración de políticas públicas”, informó el CED a “El Mercurio”.
Las diligencias que lleva adelante la Bridef se han ampliado en las últimas dos semanas a otros centros de estudios -del oficialismo y la oposición- y apuntan a develar el contenido y los pagos que se efectuaron por las asesorías que prestaron a partir de 2011 al Senado y la Cámara de Diputados. La misma solicitud se realizó a los más de 100 asesores externos -compuestos por sociedades y personas naturales- que han realizado trabajos en estos años para ambas corporaciones.
Se trata de la piedra angular que cimentará el futuro de la indagatoria llevada adelante por la Fiscalía Oriente. El caso, que está a cargo del fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, comenzó en septiembre de 2017, cuando se revelaron asesorías realizadas por Omar Beltrán al senador Alejandro Guillier -entonces candidato presidencial-, que incluían informes con párrafos similares a los que se encuentran en la página web del Congreso.
En octubre del año pasado, tras recibir un oficio del Ministerio Público en que solicitaba informes, contratos y reportes que respaldaran las asesorías de todos los legisladores, la Cámara Alta hizo llegar una respuesta a la Fiscalía: señalaron que la petición era desproporcionada, excedía las facultades de quien ejerce la persecución penal, abría sospechas sobre su trabajo y perjudicaba su imagen pública, por lo que, indicaron, estarían disponibles para que se accediera a la información pública en la forma prescrita en la Constitución.
En el caso de la Cámara Baja, que remitió los informes cuando se los solicitaron, se ha centrado en pedir a los centros de estudios antecedentes contables sobre los pagos. Esta corporación hizo llegar el año pasado la información a la Fiscalía Oriente, decisión que se tomó tras pedir un informe en derecho y el emplazamiento que el entonces presidente de la Cámara, Fidel Espinoza (PS), hizo en septiembre de 2017 a Andrés Zaldívar, para que entregara las asesorías al Ministerio Público. “Cuando se trata de informes que tienen carácter público, tenemos la obligatoriedad de hacer entrega, en este caso al Ministerio Público, de acuerdo a la propia ley que se construyó en la Cámara de Diputados y en el Senado”, afirmó Espinoza entonces.
La misma diligencia para solicitar información se hizo en la Fundación Jaime Guzmán hace algunos días.
Otro de los centros a los que se solicitó información fue el Instituto Igualdad, que asesora a parlamentarios de RN: la PDI pidió datos contables y los informes en formato digital desde el año 2011, lo que está siendo recopilado por esta entidad.
Luego de la respuesta del Senado de 2017, el Ministerio Público evaluó dos caminos: recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago, basado en el artículo 19 del Código Procesal Penal para ordenar la entrega de los antecedentes o tomar un camino que es considerado más largo, como es el que están realizando.
Entre los organismos que entregarán ahora de manera voluntaria los contratos, información contable y las asesorías a la policía están el CED, el CDC, el Instituto Libertad, la Fundación Jaime Guzmán, el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschultz (cercano al PC) y el Centro de Estudios Legislativos Administrativos, Políticos y Económicos (Celap), que ha asesorado a parlamentarios PPD y socialistas. Otra de las entidades que aparecen realizando trabajos a senadores es el Centro de Estudios y Gestión Ambiental para el Desarrollo (Cegades) y la Corporación de Estudios para Latinoamérica (Cieplan). Este último centro de estudios indicó a través de un comunicado que “en el marco de la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público, el 14 de junio se solicitaron los informes sobre asesorías legislativas. La recopilación de dichos antecedentes se está llevando a cabo y una vez finalizada se entregará toda la información requerida. Estos informes consisten en los trabajos de asesorías legislativas que Cieplan llevó a cabo entre los años 2011 y 2014. Desde esa fecha hasta hoy, la Corporación no ha realizado nuevamente asesorías de esta naturaleza”.
Otro de los asesores que está en el listado que envió la Cámara Alta a la Fiscalía es el actual subsecretario de Minería, Pablo Terrazas Lagos, quien recibió pagos por asesorar al senador UDI Iván Moreira. La PDI podría interrogarlo en calidad de testigo y pedirle el respaldo de las asesorías realizadas, señalan conocedores del caso.
Altas fuentes del Ministerio Público señalaron a “El Mercurio” que las diligencias de la PDI se transformarán en un peritaje que determinará la existencia o no de los informes. Aquello es necesario para configurar un posible delito de fraude al fisco.
El foco de la Fiscalía no está centrado en si la asesoría vale lo pagado o si fue compuesta por partes copiadas de otros documentos. Esto se debe a que existen fallos, como ocurrió en 2008 con la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), en que los acusados fueron absueltos, porque los informes se elaboraron y los jueces estimaron que no correspondía hacer una valoración del contenido de estos.
Tampoco se descarta que en caso de que se detecten irregularidades se pida el acceso a las cuentas de los partidos políticos señalo el mercurio.
