Por ahora los dardos han apuntado a las empresas eléctricas de las zonas afectadas, pero Fiscalía no ha indagado si la Corporación Forestal fiscalizó o no los predios y las condiciones de seguridad que deben existir en dichas áreas forestales, tal como lo exige la Ley, misma situación debiera acontecer con el Gobierno Regional representado por el Intendente.
El recuerdo de las llamas aún sigue presente. El siniestro más catastrófico en la historia de Chile y el segundo más grande a nivel mundial en este siglo, ocurrido entre el 18 de enero al 5 de febrero de 2017. Más de 700 incendios forestales y 470 mil hectáreas consumidas entre las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío.
Han transcurrido casi tres meses y la noticia se ha trasladado a tribunales. El juzgado de Garantía de Peralillo, Sexta Región, decretó prisión preventiva para dos ejecutivos de la Compañía de General de Electricidad, por la eventual responsabilidad penal que pudieran tener en la formación de los incendios. La acusación de fiscalía sobre Pablo Yáñez Mardones, gerente técnico regional de la compañía, y José Reyes, jefe de mantenimiento y construcción de CGE Santa Cruz, radica en la falta de mantenimiento y limpieza de las servidumbres de paso y las franjas cortafuego que deben existir en los tramos donde pasa tendido eléctrico por terrenos forestales.
El juez del Tribunal de Garantía de Peralillo, José Ruiz, estimó que ambos tenían responsabilidad en lo sucedido debido a que ellos tendrían que haber previsto que una emergencia de esa envergadura podía ocurrir, especialmente por la experiencia laboral de ambos y lo sucedido en años anteriores.
Precisamente esa razón, que podría sentar jurisprudencia en Chile, abre la posibilidad de indagar otros frentes y posibles responsabilidades de otras entidades y hasta autoridades políticas y administrativas.
Bajo la Ley 20.283, es Conaf (Corporación Nacional Forestal) el organismo del estado que debe fiscalizar el cumplimiento de los Planes de Manejo de las empresas forestales, así como también las normativa sobre talas de árboles, limpiezas, manutención de franjas vías o zonas libres de árboles y hasta la fiscalización de obras civiles que puedan entorpecer dichos planes. La pregunta es ¿Porque el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, quien ha liderado la investigación, no ha abierto un expediente contra Conaf?
Si hasta ahora la tesis de Fiscalía es que los incendios originados en las comunas de Paredones, Pumanque y Marchigüe, se produjeron por la falta de mantención del tendido eléctrico y exige responsabilidades penales para la Empresa, ¿No debería exigir lo mismo para Conaf, responsable de fiscalizar y mantener el cumplimiento de la Ley en esa materia?
Durante la formalización de los trabajadores de CGE, el fiscal informó que se encontraron cartas enviadas por vecinos y alcaldes de la zona, en las cuales solicitaban mantención del tendido eléctrico a la empresa. Pues bien, varios vecinos y autoridades también han mencionado que dichas cartas siempre fueron realizadas con copia a Conaf Regional, organismo encargado de obligar a la empresa eléctrica a cumplir con dichas solicitudes, si es que las consideraba pertinentes. Sin embargo, aquello no pareció relevante para el Ministerio Público.
En palabras simples, para Conaf de la provincia de Cardenal Caro, Colchagua y O’Higigns las peticiones de talas, podas, cortes, reparaciones y medidas de seguridad exigidas por la comunidad no parecieron tan relevantes, sin embargo, la Empresa, bajo la tesis de la Fiscalía si debió tomarlas en cuenta.
Es así como vecinos y afectados del sector han solicitado al abogado Carlos Bannen analizar una eventual querella contra Conaf y el Gobierno Regional por su eventual responsabilidad en los incendios, desde la óptica de la prevención y fiscalizaciones que ambos organismos debieron realizar en las meses previos a la ocurrencia de los siniestros.
POSIBLE JURISPRUDENCIA
El camino judicial que ha iniciado la Fiscalía Regional de O’Higgins, en torno a exigir responsabilidades penales, en el marco de los graves incendios registrados, podría sentar un precedente de jurisprudencia nacional. Perfectamente bajo esa lógica, por ejemplo: un accidente de tránsito ocurrido en un esquina donde el semáforo no esté funcionando, podría implicar una acción penal contra el director de tránsito o incluso el alcalde de la comuna, obligando a estos últimos a ir a la cárcel si son encontrados responsables, porque son ellos los que administrativamente deben mantener en buen estado los semáforos de la ciudad.
Bajo esa misma lógica. Intendentes, Seremís de Vivienda, Directores de Serviu o Mop, deberían ser detenidos por caídas en aceras rotas o accidentes por calles en mal estado.
Conaf entonces podría ser también responsables penalmente por la omisión de no fiscalizar el cumplimiento de la ley en materia de terrenos forestales y zonas libres de árboles. Incluso más, la acción judicial podría extenderse contra la Corporación Forestal por no haber dispuesto prontamente de los aviones y brigadas para enfrentar el fuego, acusando negligencia.
Ha sido el propio director de Conaf, Aarón Cavieres, el mismo que señaló en su momento que el avión supertanker no serviría para apagar los incendios en Chile, quien ha señalado en todos los tonos que su institución no cuenta con los recursos ni personal para llevar a cabo fiscalizaciones a predios forestales. De esta forma, sólo reconoce que el organismo no está cumpliendo con lo que estipulada la Ley, por lo tanto no ha podido exigir a privados que cumplan con mantenimientos, cortafuegos ni medidas de seguridad.
Por prácticamente lo mismo, en el caso de la empresa CGE ha significado prisión preventiva para sus funcionarios, los mismos que esta semana podrían volver a ser formalizados por otros dos incendios en la misma zona.
