Diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía y la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI, permitieron ubicar en un sector rural de la comuna de Teno a un total de 35 ciudadanos bolivianos traídos a Chile por la empresa contratista Isidora SPA, la cual cumple funciones para la empresa BBosch que tiene por misión la construcción e instalación de las torres de alta tensión en gran parte de la pre cordillera de nuestro país.
De esta forma en el sector Los Guindos y previa orden judicial, se allanó un predio donde fueron ubicados los extranjeros en muy malas condiciones de salubridad y hacinamiento, situación que fue corroborada por la Inspección del Trabajo cuyo director regional inspeccionó las instalaciones decretando su clausura.
De esta forma las personas fueron trasladadas hasta el cuartel de la PDI de Curicó lugar donde presentaron declaraciones hasta altas horas de la madrugada de este martes, quedando luego bajo el resguardo de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional del Maule quienes los ubicaron en diversas pensiones con el fin de pasar la noche.
La fiscal Mónica Barrientos con especialidad en este tipo de ilícitos señaló que “en este lugar las personas no estaban trabajando, sin embargo en este lugar estarían viviendo momentáneamente y en condiciones que no eran las más adecuadas tanto de salubridad, higiene y espacio físico para ello. En las diligencias que se hicieron en el lugar que registra como domicilio la empresa afectada, no se encontró ningún tipo de documentación y se está tratando de obtener otros domicilios con este mismo objeto. Ellos refieren que no se han cancelado sus sueldos, por lo menos una parte considerable de ello, desde aproximadamente enero de este año”.
Los ciudadanos bolivianos ingresaron a Chile por el norte del país con el fin de cumplir labores en la pre cordillera de Copiapó, pero fueron trasladados al Maule por la empresa luego de que se registraran los aluviones y a la espera de regresar a esa zona del territorio nacional, según lo que ellos manifiestan.
El Ministerio Público ante estos hechos abrió una investigación por el delito de trata de personas tipificados en la Ley 20.507 y que contempla penas de prisión en contra de quienes se logre establecer su directa participación y responsabilidad en el ingreso al país de personas extranjeras con ánimo de lucro.
Mientras la investigación penal continúa los ciudadanos bolivianos serán entrevistados por la Gobernación de Curicó y la Inspección del Trabajo con el fin de regularizar su situación como personas extranjeras y también en materia laboral.
