El pasado 8 de abril, se interpuso ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, recurso de protección en contra del Servicio de Salud O’Higgins, en contra de Hospital de Santa Cruz y su director médico, en contra de 4 personas naturales con iniciales L.R.C.S, L.A.O.L., C.A.C.C.. R.H.J.P., y en contra de todas aquellas personas que resultaron responsables, de la filtración y publicación de la ficha médica a través de las redes sociales de persona con Covid -19 en la comuna de Santa Cruz.
La Corte de Apelaciones de Rancagua, declaró admisible el recurso de protección, por violación a la vida privada, la honra de la persona y su familia, y sus datos personales, de manera que decretó como orden de no innovar que aquellas personas que publicaron a través de las redes sociales la ficha médica, así como también mensajes ofensivos, discriminatorios y difamatorios, deberán por resolución judicial, proceder a borrarlos y de abstenerse en el futuro de volver a hacerlo.
Cabe mencionar, que todas las partes involucradas (recurridos/demandados) ya fueron notificadas, y deberán dentro de un plazo máximo de 10 días, entregar informes a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, para luego proceder a los alegatos de los abogados de las partes ante el tribunal de alzada de Rancagua.
El objetivo de este recurso es restablecer el imperio del derecho, dando protección a la víctima por la grave vulneración a su derecho fundamental a la vida privada, honra y protección de sus datos personales, de manera que una vez establecidas las responsabilidades de este acto inconstitucional, el afectado y su familia, no descartan interponer otras acciones legales, con objeto de obtener sanciones ejemplificadoras en contra de todos aquellos que resulten responsables de la filtración de la ficha médica, datos personales, mensajes ofensivos, discriminatorios y difamatorios a través de redes sociales.
De este modo la abogada Elizabeth Soto Southerland, señaló a un medio de comunicación de Santa Cruz , que con esta acción constitucional, se busca que todas las personas sean responsables, y actúen en conformidad a derecho, especialmente en concordancia con la Constitución Política de la República, toda vez que generan publicaciones a través de las redes sociales, haciendo mal uso de su derecho a libertad de expresión, pues todo aquello que sea de connotación ofensivo, discriminatorio, difamatorio, atenta contra las garantías fundamentales, establecidas tanto en la Constitución, como en los tratados internacionales de Derechos Humanos, vigentes y ratificados por nuestro país.
