A casi tres meses de iniciada la aplicación del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA), la Secretaría Regional Ministerial (Seremía) de Salud informó que se han realizado 30.173 fiscalizaciones en las 17 comunas de la zona saturada de O’Higgins, y que se han cursado 362 sumarios sanitarios.
Según explicó el seremi de la cartera, Fernando Arenas, el balance “demuestra la adhesión de las personas a las medidas contempladas y el esfuerzo por parte de los funcionarios de la Seremía de Salud a la labor que ejecutan en días de alerta ambiental”.
La autoridad indicó que la entidad cuenta con 25 fiscalizadores para inspeccionar la contaminación domiciliaria que se produce en la zona saturada del valle central de O’Higgins, equipo que consigue abarcar el territorio completo.
Respecto al número de inspectores asignados para la Región, la autoridad explicó que “probablemente si tuviéramos más funcionarios las cifras serían más grandes, pero el trabajo que se ha realizado refleja el esfuerzo que se está haciendo para cumplir con el rol fiscalizador y la adhesión significativa de la ciudadanía frente a las restricciones”.
Además, enfatizó que “si bien el trabajo sin duda se ha intensificado en días de restricción, hay que destacar que las personas han sabido responder a las recomendaciones que hemos hecho, ya que han considerado el daño que genera el aumento de la contaminación”.
Frente a esto, es que la autoridad sanitaria reiteró que “debemos reforzar el llamado a la ciudadanía a la toma de conciencia sobre la directa relación que hay entre la contaminación y las enfermedades respiratorias. Nuestro rol es prevenir y mejorar la salud de la población, a través de la educación, explicando en terreno las consecuencias del aumento del material particulado”.
Según cifras entregadas por el Ministerio de Medio Ambiente, el 64% de la contaminación en la Región de O’Higgins proviene de los hogares por uso de leña.
Por otro lado el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) cuentan con la potestad de fiscalizar las quemas agrícolas, que aportan un 17% a la contaminación. Las tres instituciones están autorizadas por la Superintendencia de Medio Ambiente.
