En los últimos días se inició el juicio contra el suspendido alcalde de Sagrada Familia, Martín Arriagada, y contra una funcionaria del municipio, sobre quienes en el año 2020 se formalizó una investigación, por presunto fraude al fisco, generada supuestamente en la renovación de permisos de circulación, sin que se pagaran las multas, principalmente por concepto de tag.
Ante el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Curicó y con los alegatos de apertura, el Ministerio Público, encabezado en este juicio por el fiscal jefe Miguel Gajardo planteó los antecedentes recabados durante la investigación con el relato de hechos, actos y situaciones que se registraron entre el 2014 y 2015, que a su juicio configurarían el delito de Fraude al fisco, al no ingresar 805 millones de pesos al Estado, correspondiente a las multas.
“Había una práctica habitual de vender permisos de circulación a determinados contribuyentes sin cobrarles las multas asociadas a dichos permisos; esto se encuentra prohibido por la legislación, sin embargo igual se hacía con la finalidad de hacer llegar más recursos a la municipalidad, pero saltándose lo que dice la ley, estableciéndose que cerca de 800 millones de pesos no fueron cobrados”, explicó el fiscal.
Ante la acusación, el suspendido alcalde, dijo sentirse tranquilo, “con plena confianza de demostrar nuestra inocencia, creemos que todos los caminos van a llegar a la convicción, que no nos hemos quedando con algún peso de la municipalidad, que no ha llegado ningún peso a nuestros bolsillos y vamos a demostrar que en ningún momento hubo defraudación, por eso estamos tranquilos”, dijo Arriagada.
En tanto, el abogado defensor Marco Rivera, precisó que “ni el Ministerio Público, ni el Consejo de Defensa del Estado van a poder acreditar un hecho punible, primero porque el alcalde Arriagada jamás ha autorizado, ni ordenado a algún funcionario para que vendiera permisos de circulación sin haber exigido el pagos de las multas, por eso (la imputación) es totalmente falsa, incluso Contraloría determinó que no había responsabilidades, y que todo era parte de un problema de sistema informatico”.
De paso el profesional defensor precisó que la fiscalía ha argumentado que serían 805 los millones supuestamente que no habrían ingresado al fisco, sin embargo aseguró “que más del 80 por ciento de esa cifra correspondientes a multas, ya estaría pagado, por lo que no habría delito al respecto”, puntualizó.
El juicio se reiniciará este lunes y se prolongará durante la primera semana de diciembre.
