“Los caprichos del alcalde le están saliendo caro a la gente de Vichuquén. Simplemente fue un capricho político por el hecho de pensar distinto”, afirmó la concejala Natalia Ramírez Silva.
La Corte de Apelaciones de Talca informó esta semana el “cúmplase” de la sentencia que ordena la reincorporación a sus cargos de cuatro funcionarios de planta, despedidos en enero del presente año por el alcalde de Vichuquén, Roberto Rivera.
La decisión del tribunal considera, además, que la municipalidad deberá pagar los salarios correspondientes a los 9 meses en que han estado separados de sus funciones habituales, más los pagos correspondientes a leyes laborales.
La sentencia ratificada por la Corte Suprema favorece a la trabajadora social Beatriz Olate Correa, el trabajador de la Dirección de Obras Municipales Mario Jiménez Cofre, la asistente jurídica y fiscalizadora Nicole Hidalgo Díaz y la administrativa Eliana Muñoz López.
Este caso se suma a la demanda laboral presentada contra Roberto Rivera por parte de los trabajadores a honorarios Gladys Rojas Durán y Waldo González, quienes acusaron ante la justicia su “despido injustificado”.
En agosto pasado, el Juzgado de Garantía de Licantén dictó sentencia favorable para estos dos trabajadores, obligando a la Municipalidad de Vichuquén el pago de 30 millones de pesos como indemnización.
En todos los casos, el denominador común es la cercanía o apoyo de estos trabajadores al exalcalde Román Pavéz López, por lo que a juicio de la concejala Natalia Ramírez Silva se trataría de casos de “persecución política”.
“Los caprichos del alcalde están saliéndole caro a la gente de Vichuquén porque, finalmente, son dineros que lamentablemente se van a tener que usar en pagar estos juicios laborales. Los despedidos podrían haber quedado trabajando como correspondía y no habríamos tenido que pagar absolutamente nada. Esperemos que esto no siga ocurriendo porque afecta el bienestar de la gente, que es la razón por la que trabajamos”, afirmó la edil vichuquenina.
Pero no solo se trata de dinero, afirma la concejala. Destacó que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca calificó la decisión del alcalde Rivera como “un acto arbitrario e ilegal que vulnera las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho de propiedad de los recurrentes”, lo que según la edil responde a persecución política en contra de quienes adhirieron al anterior alcalde.
“Creo que el alcalde actual, don Roberto Rivera, debió al menos haber conocido el trabajo de los funcionarios que despidió. Simplemente fue un capricho político por el hecho de pensar distinto. Tiene que ver con la participación o apoyo que tuvieron estos seis funcionarios con el alcalde que estaba en ese entonces, don Román Pavez. Ellos manifestaron su apoyo a ese candidato y, por lo tanto, como salió un nuevo alcalde, existe persecución política”, sentenció Natalia Ramírez Silva.
Para la concejala, la decisión del alcalde Roberto Rivera podría significar el pago de hasta 50 millones de pesos, no contemplados en el actual presupuesto municipal.
