Fue una escena horripilante: Joseph Wood jadeaba y se atragantaba en la camilla durante dos horas, después que le inyectaron 15 dosis de fármacos para aplicarle la pena de muerte. No muy lejos de allí, sus abogados apelaban en busca de una suspensión de emergencia en una llamada telefónica con un juez.
Ocurrió en julio de 2014 y fue la última ejecución realizada en Arizona, donde hay una “lista de espera” de 119 personas que han de ser ejecutadas.
El estado ha comenzado a impacientarse ante los problemas para aplicar la inyección letal, debido a la escasez de drogas para esos fines. En 2011, el entonces fabricante de pentobarbital para el mercado estadounidense, la empresa danesa Lundbeck, prohibió su uso en ejecuciones.
Arizona trató entonces de importar ilegalmente sodio tiopental de la India en 2015, y el envío fue bloqueado por funcionarios federales en el aeropuerto Phoenix Sky Harbor.
Ahora las autoridades carcelarias proponen una solución muy peculiar: que los abogados de los condenados a muerte puedan suministrar el coctel letal.
La directriz del Departamento de Prisiones dice que “el abogado del preso u otros terceros que actúan en nombre del abogado del preso” pueden proporcionar al departamento un sedante, pentobarbital o un anestésico pentotal de sodio, si pueden obtenerlo “de un farmacéutico certificado o licenciado, farmacia, fabricante o proveedor”.
La invitación, por supuesto, ha escandalizado a muchos.
Según consigna el diario británico The Guardian “No es legal para mí como abogado salir y comprar drogas para un cliente”- comentó Dale Baich, un defensor federal que trabaja en casos de pena de muerte en Arizona. Agrega. “Así que legalmente es imposible y éticamente también, mi trabajo es asegurar que los derechos de mi cliente están protegidos y no trabajar con el Estado para asegurar que lleva a cabo la ejecución…Si el estado quiere tener la pena de muerte tiene el deber debe averiguar cómo hacerlo constitucionalmente, no puede pasar esa obligación al prisionero ni a nadie más”.
Megan McCracken, experta en inyección letal en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, dijo que la cláusula es “sin precedentes, completamente nueva y francamente absurda. Un prisionero o un abogado de prisionero simplemente no puede obtener estos medicamentos legalmente, o legalmente transferirlos al Departamento de Prisiones, por lo que es difícil de imaginar lo que el departamento de Arizona estaba pensando al incluir esta disposición absurda como parte de su protocolo de ejecución”.
El Departamento de Prisiones no ha hecho más declaraciones al respecto.
