El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que salió indemne de pasadas investigaciones por corrupción cuando estuvo en el poder, será investigado por tráfico de influencias a favor de una importante constructora después de concluir su mandato, informó hoy la Fiscalía.
El Ministerio Público Federal abrió una investigación penal contra Lula por supuestamente haberse servido de su influencia, después de haber dejado la Presidencia en 2011, para hacer que el banco de fomento del Gobierno favoreciera a la constructora Odebrecht.
Según las investigaciones, abiertas oficialmente el pasado 8 de julio, hay indicios de que Lula influyó en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para que financiase proyectos de la constructora en otros países latinoamericanos y africanos, principalmente en Cuba y la República Dominicana entre 2011 y 2014.
La Fiscalía investiga varios viajes realizados por Lula a países como Panamá, Venezuela, República Dominicana y Ghana que fueron costeados por Odebrecht, empresa que ha admitido haber pagado algunos de esos viajes, aunque ha negado que el expresidente trabajase como su consultor.
En los años después de concluir su segundo mandato, Lula desarrolló una intensa actividad de conferenciante tanto en Brasil como en el extranjero y, según Odebrecht, ese era el fin de los viajes que pagó al exsindicalista que presidió Brasil entre 2003 y 2010.
Las indagaciones preliminares sobre el caso de tráfico de influencias se iniciaron el pasado abril y, después de que Lula presentase sus alegaciones, la oficina del Ministerio Público Federal en Brasilia decidió abrir un “proceso de investigación penal”.
El Instituto Lula, que representa al exgobernante, afirmó hoy haber recibido “con sorpresa” la noticia de la apertura de la investigación y manifestó que “tendrá oportunidad de comprobar la legalidad y la decencia” de todas sus actividades.
El organismo ya ha entregado documentos y otras informaciones solicitadas por la fiscal Mirella de Carvalho Aguiar durante la fase de indagaciones preliminares.
En un comunicado, el BNDES también negó la interferencia de Lula en los procesos del banco de fomento, que “siguen todos los criterios impersonales de análisis comunes al banco”.
La investigación podría desembocar en un juicio a Lula, que se celebraría en el ámbito de la justicia federal ordinaria puesto que el expresidente, al no ocupar ningún cargo político, no está aforado.
No obstante, la Fiscalía podría archivar la causa en cualquier momento si considera que no tiene suficientes indicios para elevarla a un tribunal.
El fiscal Valtan Furtado, uno de los responsables por la investigación, ha solicitado tener acceso a las pruebas del caso de corrupción que tiene en su eje a la petrolera estatal Petrobras y por el que están siendo investigadas las mayores constructoras de Brasil, entre ellas Odebrecht, Andrade Gutiérrez, OAS y Camargo Correa.
Un documento relativo a ese caso, aireado por la prensa el mes pasado, expone una serie de mensajes de un director de OAS en los que se hablaba de contratar a Lula para defender los intereses de la empresa en una conferencia en Santiago de Chile celebrada en 2013.
Lula no está siendo investigado en el caso Petrobras, aunque ya han sido detenidos algunos dirigentes políticos cercanos, entre ellos Joao Vaccari, el extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula.
Ese caso se refiere al amaño de contratos de Petrobras con constructoras y proveedoras de servicios y al reparto de sobornos millonarios entre los partidos y políticos que amparaban las corruptelas que se cree que se extendieron desde los años 90, antes del primer mandato de Lula, que empezó en 2003.
El popular exmandatario salió airoso del escándalo de pago de sobornos a parlamentarios y financiación ilegal de campañas destapado en 2005, durante su primer mandato, y por el que fueron condenados 25 políticos y empresarios, algunos de ellos muy cercanos a Lula.
Por ese caso fueron condenados José Dirceu, quien en el momento de los hechos era ministro de la Presidencia y trabajaba codo con codo con Lula, además de los que eran entonces presidente y tesorero del PT, José Genoino y Delubio Soares, respectivamente.
El Tribunal Supremo consideró que Dirceu fue el “jefe” de la organización criminal y descartó enjuiciar a Lula por falta de pruebas.
A pesar de que este caso haya salpicado a personalidades tan próximas a Lula, el exsindicalista fue reelegido en 2006 y su sucesora en el PT, Dilma Rousseff, ganó las dos presidenciales siguientes.
